El SOMU ha manifestado su preocupación por la iniciativa del Poder Ejecutivo, que, según sus declaraciones, podría implicar una derogación encubierta de la Ley de Cabotaje. Los representantes del sindicato señalan que, en lugar de implementar medidas para equilibrar los costos operativos de los buques de bandera nacional frente a sus competidores en la región, el gobierno opta por un régimen de excepción que, en sus palabras, podría llevar a la desaparición del cabotaje marítimo y fluvial argentino. Raúl Durdos, en su calidad de líder del SOMU, ha calificado la propuesta como una medida "entreguista" y ha denunciado la falta de diálogo por parte del gobierno. "Hasta el momento, no hemos sido convocados a dialogar, a pesar de nuestra disposición para hacerlo", expresó, subrayando la importancia de la participación de los trabajadores en la discusión de políticas que afecten directamente sus derechos y su sustento. El rechazo del sindicato también se extiende a los efectos negativos que la desregulación podría tener sobre la legislación laboral. Durdos advirtió que esta medida podría facilitar despidos masivos, permitiendo a las empresas despedir trabajadores sin costo alguno y estableciendo indemnizaciones equivalentes a solo diez días de salario básico. Además, se prevé la posibilidad de otorgar licencias sin goce de sueldo por períodos de hasta diez años, lo que, según el dirigente, busca desmantelar la estabilidad laboral. El líder sindical también destacó que el proyecto amenaza el derecho a huelga y podría resultar en la pérdida de puestos de trabajo, especialmente para aquellos trabajadores que se encuentran en períodos de descanso. "Los primeros en ser perjudicados serán aquellos que ya están en sus días libres", advirtió Durdos, enfatizando la injusticia de tales medidas. Ante esta situación, el SOMU ha instado a los trabajadores del sector a mantenerse unidos y a resistir las políticas del gobierno. "La ofensiva del gobierno sobre nuestros derechos exige una respuesta firme. No solo buscan despojarnos de nuestros derechos laborales, sino que también ponen en riesgo nuestras fuentes de empleo y los recursos naturales del país", afirmó Durdos. En respuesta a esta amenaza, el sindicato está trabajando en la presentación de un recurso de amparo judicial y ha recibido el mandato de su Asamblea para paralizar todas las actividades, incluida la pesca, como medida de defensa de los puestos de trabajo, la soberanía nacional y la independencia económica del país. La situación refleja una creciente tensión entre el gobierno y los trabajadores del sector marítimo, donde el futuro del cabotaje y la seguridad laboral están en juego.