En ese marco la denuncia se basa en la supuesta violaci�n por parte del Estado Nacional de derechos consagrados en convenios internacionales, espec�ficamente los Convenios N.� 87 sobre libertad sindical y N.� 98 sobre el derecho de sindicaci�n y negociaci�n colectiva, ambos ratificados por Argentina. La acci�n de los sindicatos surge tras la entrada en vigencia del Decreto 341/2025, el cual, seg�n los gremios, ha "desmantelado el sistema de negociaci�n colectiva a nivel nacional para el sector docente". En un comunicado de prensa, UDA y CEA afirmaron que la paritaria docente ha sido "vaciada de contenido, convertida en una figura casi simb�lica", se�alando que este cambio busca "desactivar los derechos constitucionales y liberar al Estado de la inversi�n que por ley corresponde". Los sindicatos tambi�n han expresado su profunda preocupaci�n por la cr�tica situaci�n salarial de los docentes. Seg�n indican, "el salario inicial docente permanece congelado en $500.000", mientras que el gobierno se aleja de la inversi�n educativa que establece la legislaci�n vigente. Esta situaci�n ha llevado a una creciente preocupaci�n entre los educadores, quienes enfrentan un contexto econ�mico adverso. En el comunicado, firmado por Sergio Romero, titular de UDA y secretario de Pol�ticas Educativas de la CGT, y Fabi�n Felman, secretario general de la CEA, se exigi� una "convocatoria urgente a la paritaria, en un marco adecuado y de respeto a las negociaciones colectivas", para evitar que miles de docentes sigan por debajo de la l�nea de pobreza. La presentaci�n ante la OIT no solo pone de relieve la situaci�n precarizada de los educadores, sino que tambi�n alerta sobre una regresi�n de los derechos laborales en el pa�s. Los l�deres de ambos sindicatos enfatizan la necesidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores de la educaci�n, as� como de recuperar un sistema de negociaci�n que garantice condiciones dignas para todos los docentes. Este reclamo subraya la creciente disconformidad del sector educativo frente a las pol�ticas del Estado, marcando un llamado a la acci�n para asegurar que se respeten los derechos laborales y se reactiven las inversiones en la educaci�n, un pilar fundamental para el desarrollo del pa�s.