En ese marco y a pesar de que en la mayoría de las empresas liquidaron los salarios de marzo con el incremento acordado, la decisión de aplicar dicho aumento depende de cada empleador, ya que el sector patronal no está obligado a cumplir con la mejora salarial ni con el "aporte extraordinario" a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador, destinado a solventar el déficit del sindicato. El gremio liderado por Hugo Moyano ha establecido un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo para que la homologación oficial se lleve a cabo. De no ser así, se considerará "tácitamente homologado" según lo establecido por la Ley 23.546, que regula las convenciones colectivas de trabajo. La incertidumbre persiste hasta el próximo mes, dado que una de las cámaras empresariales ha impugnado el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo, retrasando el proceso de homologación. La resistencia a avalar el acuerdo salarial se manifiesta de manera dispar en las cámaras empresariales, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística defendiendo el convenio mientras que en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas se mantiene la oposición. El presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero y otras cámaras del interior han impugnado el acuerdo firmado, argumentando que se incorporaron cláusulas de manera inconsulta que perjudican a las pequeñas y medianas empresas. Ante esta situación, el Sindicato de Camioneros ha iniciado acciones para presionar a las empresas que impugnaron el acuerdo, declarándose en estado de alerta y llevando a cabo asambleas permanentes. La falta de homologación de la paritaria de Camioneros ha generado tensiones en el ámbito laboral, poniendo en riesgo la paz social. Mientras tanto, desde la Secretaría de Trabajo se continúa analizando la legalidad del acuerdo, en medio de un contexto de incertidumbre y conflictividad entre los actores involucrados. Asimismo Desde la Secretaría de Trabajo, que encabeza el abogado Julio Cordero, aún no hay novedades sobre la homologación de la paritaria de Camioneros, que fue firmada el 23 de febrero, es decir, hace poco más de un mes. Ante la consulta efectuada por MundoSindical, voceros oficiales se limitaron a afirmar: “Ese acuerdo está en revisión jurídica porque tiene varios cuestionamientos”. Ademas Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), dijo que “la mesa paritaria dio un mandato a los que van a firmar que aceptábamos el 20% y el 25% de aumento en marzo y abril, y nada más”, pero destacó que los representantes de FADEEAC que fueron a la audiencia oficial “firmaron otros puntos que afectan rotundamente a todas las empresas del interior”, en alusión al pago del “aporte extraordinario” a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador. Ante el rechazo de esas cámaras, el sindicato de Moyano comenzó a principios de marzo una fuerte ofensiva contra los empresarios que impugnaron el acuerdo: se declaró en “estado de alerta y asambleas permanentes” ante la reticencia de la Secretaría de Trabajo en homologar el incremento salarial del 45% y acusó a Lo Bruno y a sus colegas José Arata (de CEDAC, Córdoba) y Ricardo Squartini (de APROCAM, Mendoza) de “presentar infundadas impugnaciones intentando boicotear” la aprobación del aumento salarial por parte de las autoridades nacionales”. El 5 de marzo, activistas del Sindicato de Camioneros escracharon a Lo Bruno y bloquearon un depósito de su pyme de transporte ubicada en Villa Lugano por haber impugnado el aumento. “No vamos a permitir que las internas de FADEEAC pongan de rehenes a los trabajadores camioneros. Estos empresarios explotadores y especuladores van a ser los responsables del daño que causen a los trabajadores”, sentenció el gremio de Moyano en un comunicado de prensa. Cuando se firmó la paritaria de Camioneros, el secretario de Trabajo era Omar Yasín, quien fue echado el 11 de marzo luego de que el presidente Javier Milei lo acusó de haber avalado el aumento del 48% de los sueldos del personal jerárquico del Estado, algo que provocó una fuerte polémica en medio de las restricciones que impuso el propio Gobierno en los gastos de las distintas áreas oficiales. Su sucesor, Cordero, ex abogado de Techint y de la Unión Industrial Argentina (UIA), además de miembro del equipo laboral de los libertarios, heredó ese dilema de homologar o no las paritarias firmadas por más del 15% para febrero, a tono con lo exigido por la cartera de Economía. Por eso desde que asumió su equipo se dedica a analizar convenio por convenio para verificar si los incrementos acordados se otorgaron en función de un aumento de la productividad. En los despachos oficiales sospechan que algunos sindicatos forzaron mejoras altas para complicarle el trazado económico al Gobierno, además de buscar el beneficio en el bolsillo de los trabajadores.