En ese marco la desregulación de la marina mercante, impulsada por políticas promovidas por el Gobierno, de Javier Milei ha llevado a un alarmante incremento en la cesación de actividades y, lo que es más preocupante, a la disminución de la mano de obra argentina en los buques. En este contexto, un grupo de diputados de Unión por la Patria ha expresado su inquietud mediante un escrito, que lleva la firma de Marcela F. Passo, Carolina Yutrovic, Eduardo Leandro Toniolli,Carlos Daniel Castagneto, Martin Guillermo Aveiro,Cristian Alejandro Zulli,Sabrina Selva, Pablo Todero,Nancy Sand, Gustavo Carlos Miguel González, Gabriela Pedrali,Micaela Moran, Lorena Pokoik,Andrea Freites y Santiago Cafiero en ese contexto Los legisladores señalaron que la implementación de medidas que anteriormente no lograron los resultados esperados solo ha exacerbado la crisis del sector. Asimismo el escrito resa Para el año 2004, a través del decreto 1010/04, que derogó entre otros el decreto 1772/91, este último decreto rezaba "Que el régimen del cabotaje nacional adquiere particular importancia, en momentos en que la apertura de los tráficos internacionales y la suscripción de acuerdos multilaterales y bilaterales con otras naciones, permite el arribo de buques y artefactos navales extranjeros cuya actividad comercial podría ser, en su propio interés, extendida a jurisdicción nacional, en perjuicio de la Marina Mercante Nacional, de empresarios y capitales nacionales, y de los tripulantes argentinos" y que luego todo esto fuera ratificado por la Ley N° 27.419 "Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional". Por todo lo expuesto, es que nos preocupa la aplicación de las mismas recetas que no obtuvieron los resultados prometidos, produciendo la disminución de mano de obra argentina en los buques cesados provisoriamente y otorgo tratamiento de extranjeros a las tripulaciones de los buques con tratamiento de bandera argentina. Según trascendidos periodísticos, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado impulsa un proyecto de decreto que busca la desregulación y promoción del transporte marítimo y fluvial de la República Argentina. Según el oficialismo, la reforma inicial se centra en la supresión de disposiciones de sometimiento del usuario a la tramitación de autorizaciones y aprobaciones que resultan redundantes en virtud de la duplicidad de autorizaciones y aprobaciones de igual tenor y fuerza legal. Asimismo, se configura una nueva embestida al movimiento obrero organizado, con disposiciones que atacan la libertad sindical, vulneran el derecho a huelga y limita el accionar de los convenios colectivos de la actividad estableciendo la aplicación de la legislación de bandera extranjera para nuestros tripulantes argentinos con inferiores condiciones salariales y laborales. Vemos que las expresiones realizadas por integrantes del Gobierno Nacional llevan un riesgo profundo de desarticulación del sistema de relaciones laborales en el sector marítimo, favoreciendo intereses corporativos en detrimento de las garantias fundamentales de los trabajadores. Dentro de los puntos que integra la reforma del Gobierno Nacional se declara al transporte maritimo y fluvial como servicio esencial restringiendo el derecho a huelga, con la exigencia de cobertura mínima de un 75% del servicio durante conflictos colectivos. Por otro lado, el proyecto de decreto flexibiliza los contratos de embarque permitiendo excluir normativa laboral nacional, abriendo la puerta a contrataciones bajo leyes laborales extranjeras. El tema central está referido a la firma de contratos sin ser sometidos a convenios colectivos locales ni a regímenes de estabilidad o de seguridad social obligatoria. La desregulación, según anticipo el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación Iñaki Arreseygor en el marco de la reunión del bloque federal portuario que organizo el Ente Administrador de Puerto Rosario (ENAPRO), también fomenta la llegada de buques de banderas extranjeras en detrimento del empleo local. A su vez, la adopción de un En ese sentido el sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) ha subrayado que estas políticas no solo han afectado la estabilidad laboral de los marinos argentinos, sino que también han permitido la contratación de tripulaciones extranjeras en buques con bandera argentina. Esta situación no solo pone en riesgo los empleos de los trabajadores locales, sino que también cuestiona la soberanía y la capacidad del país para mantener una marina mercante competitiva. Cabe señalar que Los diputados, al compartir su preocupación, han dejado claro que se necesita una revisión urgente de estas políticas antes de que el sector marítimo argentino sufra daños irreparables. Por otra parte La unión entre el SOMU y algunos sectores políticos es un paso significativo hacia la búsqueda de soluciones y la defensa de los derechos laborales de los marinos argentinos. La lucha continúa, y el llamado es a que más legisladores se sumen a esta causa que es vital no solo para los trabajadores, sino para el futuro de la marina mercante del país. Asimismo la economía global enfrenta desafíos, y es esencial que la Argentina no descuide su infraestructura marítima La crisis del sector marítimo es una cuestión que debe ser abordada con seriedad y compromiso, garantizando el trabajo digno y el desarrollo sostenible de la marina mercante nacional.