En ese contexto Según el oficialismo, la reforma pretende eliminar disposiciones que someten a los usuarios a autorizaciones y aprobaciones redundantes, pero esta visión ha sido cuestionada por los diputados, quienes argumentan que la iniciativa representa un ataque a los derechos laborales de los trabajadores del sector marítimo. Uno de los puntos más críticos de la reforma es la imposición de condiciones laborales que favorecerían a las tripulaciones de buques con bandera extranjera, a expensas de los derechos de los tripulantes argentinos. Esta situación podría resultar en la aplicación de normativas laborales que ofrecen condiciones salariales y laborales inferiores, lo que representa un retroceso significativo en las conquistas logradas por el movimiento obrero organizado. Además los legisladores advierten que la nueva normativa podría desarticular el sistema de relaciones laborales en el ámbito marítimo, favoreciendo intereses corporativos a costa de las garantías fundamentales de los trabajadores. Particularmente alarmante es la declaración del transporte marítimo y fluvial como un "servicio esencial", que, según los diputados, restringe el derecho a huelga y establece la obligación de mantener un 75% de cobertura del servicio durante conflictos laborales. Además, el proyecto de decreto contempla la flexibilización de los contratos de embarque, permitiendo la exclusión de normativas laborales nacionales. Esta flexibilización abriría la puerta a la contratación de trabajadores bajo leyes laborales extranjeras, sin la protección de convenios colectivos locales o regímenes de estabilidad y seguridad social. Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, también ha señalado que la desregulación fomentaría la llegada de buques de banderas extranjeras, lo que podría perjudicar aún más el empleo local, intensificando la crisis del sector. Escrito presentado por diputados de Unión por la Patria