En ese contexto proyecto de ley surge como una necesidad urgente de asegurar la libertad de expresión y el derecho a informar, ante un panorama de creciente hostigamiento hacia los trabajadores de prensa. La propuesta contiene disposiciones de orden público y establece medidas que el Estado deberá adoptar para prevenir la violencia y asegurar la integridad física y psíquica de los periodistas. Algunos de los objetivos principales del proyecto incluyen: - Prevenir actos de violencia y amenazas hacia los trabajadores de prensa y sus familias. - Garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información. - Proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas y fomentar una cultura de respeto hacia el ejercicio de la prensa. Entre las medidas destacadas, se creará un Mecanismo de Protección Interinstitucional en el Congreso, que colaborará con diferentes actores sociales y profesionales para implementar sistemas de alerta, asistencia jurídica y registros de ataques a la prensa. Este mecanismo será fundamental para enfrentar las amenazas que atentan contra la seguridad de los periodistas, asegurando que el Estado actúe frente a discursos que estigmatizan su labor. Nota relevante es la incorporación de una perspectiva de género en la ley, enfocándose en la violencia estructural que enfrentan las mujeres periodistas. Este enfoque es crítico para abordar de manera integral las desigualdades en el campo periodístico. La jornada de defensa del periodismo, realizada el 4 de junio, evidenció la unidad del sector en su compromiso por la libertad de expresión. Trabajadores de prensa se congregaron bajo una consigna clara: el cese de agresiones y amenazas hacia quienes informan. Este evento reafirmó que defender el periodismo es defender la democracia. ## Conclusión La propuesta legislativa no solo representa un avance significativo en la protección de periodistas en Argentina, sino que también busca sentar un precedente en la creación de políticas públicas que garanticen el ejercicio libre e independiente de la prensa. La creciente preocupación por la seguridad de los comunicadores, junto con el apoyo de diversos bloques opositores, indica que la promoción de un entorno seguro para el periodismo es un tema que trasciende las fronteras políticas y se convierte en una prioridad nacional.