En ese contexto el sindicato de Obreros Marítimos Unidos SOMU que dirige Raúl Durdos informó a Mundo Sindical que durante el transcurso del fin de semana, se ha especulado sobre la posible implementación de esta nueva conciliación obligatoria, la cual sería impulsada por la ministra vinculada a la Cámara y tendría como objetivo presionar al novel secretario del gremio con el fin de liberar la actividad por un período adicional de 15 días para permitir el abastecimiento de Arena y debilitar el conflicto laboral. Según fuentes gubernamentales de alto nivel, las empresas habrían solicitado la intervención de la ministra para utilizar este recurso contemplado en la Ley 14.786, el cual implica un mecanismo de arbitraje compulsivo de la Secretaría de Trabajo para generar las condiciones necesarias que faciliten la consecución de un acuerdo entre las partes en conflicto. En este sentido, la ley otorga a la cartera laboral la potestad de retrotraer la situación previa al conflicto y propiciar una mesa de negociación. Es importante señalar que la conciliación obligatoria no tiene el mismo impacto en un conflicto motivado por despidos que en uno generado por un reclamo de aumento salarial. En el primer caso, la retroacción favorecería a la parte sindical, mientras que en el segundo caso beneficiaría a la parte patronal. La posible implementación de esta segunda conciliación obligatoria ha generado controversia y preocupación entre los trabajadores fluviales, quienes temen que esta medida pueda afectar sus reclamos y derechos laborales. La situación sigue siendo incierta y se espera que en las próximas horas se aclare el panorama respecto a las decisiones que se tomarán en torno a este conflicto paritario en el sector fluvial.