La navegación por la Vía Navegable Troncal del río Paraná registró un nuevo episodio dos buques de ultramar, identificados como La Tienda y GLBS Magic, protagonizaron un roce estructural a la altura del kilómetro 314, en proximidades de Ramallo. Aunque no se informaron daños menores y no hubo interrupciones en el tránsito fluvial, la Prefectura Naval Argentina inició actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente. El hecho merece atención más allá de sus consecuencias inmediatas. La Hidrovía constituye una infraestructura fundamental para la economía argentina. Por sus aguas circulan embarcaciones de gran porte que transportan millones de toneladas de mercaderías destinadas al comercio exterior. Cualquier inconveniente en la navegación puede comprometer la seguridad de las tripulaciones, generar daños ambientales y afectar el funcionamiento de los puertos. Asimismo este incidente ocurre en un momento particularmente delicado para el sector marítimo y fluvial. Mientras los trabajadores, las organizaciones sindicales y distintos sectores de la industria naval advierten sobre las consecuencias de la extranjerización de la actividad, el Gobierno de Javier Milei vuelve a impulsar cambios para flexibilizar las condiciones de navegación y abrir el cabotaje nacional a buques de bandera extranjera. Una desregulación que vuelve a encender el conflicto Cabe señalar que la discusión no es nueva. El DNU 340/2025 ya había establecido un régimen de excepción para la Marina Mercante, habilitando bajo determinadas condiciones la participación de embarcaciones extranjeras en el cabotaje nacional y flexibilizando distintos aspectos de la actividad. La iniciativa generó un fuerte rechazo sindical y cuestionamientos de distintos sectores vinculados con la navegación. Ahora, la discusión regresó al Congreso mediante un nuevo proyecto de régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria, identificado como S-1844/26, que ingresó al Senado en octubre y se encuentra bajo tratamiento en comisiones. La iniciativa volvió a generar preocupación en la industria naval. La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata pidió revisar el proyecto y advirtió sobre los riesgos de generar condiciones de competencia desfavorables para los buques nacionales y desalentar la construcción de embarcaciones en astilleros argentinos. En ese sentido La Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) declaró el estado de alerta permanente y movilización frente al avance de una reforma que, según denunciaron, amenaza el empleo argentino, las empresas nacionales, la industria naval y la soberanía logística. A su vez el incidente registrado en el Paraná plantea interrogantes que las autoridades deberán responder. ¿Qué condiciones presentaba el canal en el momento del cruce? ¿Cómo se desarrolló la maniobra de ambas embarcaciones? ¿Qué controles se realizaron y qué responsabilidades determinará la investigación de Prefectura? No hay elementos para vincular directamente la colisión con el proyecto de desregulación. Sin embargo, el episodio vuelve a mostrar la importancia de contar con controles efectivos, personal capacitado, reglas claras y autoridades con capacidad de fiscalización. La navegación comercial no puede analizarse exclusivamente desde la reducción de costos. Detrás de cada embarcación hay trabajadores, responsabilidades operativas, infraestructura y una actividad estratégica que compromete intereses nacionales. La Argentina necesita una Marina Mercante propia, una industria naval con capacidad de crecimiento y trabajadores protegidos por convenios y legislación nacional. Abrir indiscriminadamente el cabotaje a flotas extranjeras no constituye por sí mismo una política de desarrollo. El Gobierno insiste en presentar la desregulación como una solución para mejorar la competitividad. Sin embargo, la pregunta que sigue sin respuesta es qué sucederá con las empresas argentinas, los puestos de trabajo, los astilleros y la capacidad del país para controlar sus propias vías navegables. El Paraná no es solamente un corredor comercial. Es parte de la infraestructura estratégica de la Nación. Y su administración no puede quedar reducida a una discusión de costos ni a las oportunidades de negocios de las grandes flotas internacionales.