En ese contexto la Cámara de Diputados aprobó un nuevo proyecto de ley vinculado con la discapacidad, luego de una jornada de negociaciones en la que el oficialismo aceptó modificaciones para reunir una amplia mayoría. La votación terminó con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El texto deberá ser tratado ahora por el Senado. Por otra parte los puntos incorporados figuran la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual por el índice de precios al consumidor de los aranceles de las prestaciones y la compatibilidad de la pensión no contributiva con un empleo registrado, bajo las condiciones previstas en el proyecto. Cabe señalar que la iniciativa también contempla la continuidad de la cobertura sanitaria para beneficiarios de pensiones por invalidez y establece plazos para comunicar un cronograma de pago y cancelar deudas con prestadores. Otro punto central es el financiamiento. Según la información publicada sobre el debate, se incorporaron partidas para afrontar el costo previsto de la medida, estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en casi 599.000 millones de pesos para 2027. La aprobación se produjo en medio de una discusión más amplia sobre el ajuste en discapacidad, las prestaciones y el alcance de la intervención estatal. El nuevo texto modifica aspectos de la propuesta presupuestaria del Gobierno, que había generado cuestionamientos por sus efectos potenciales sobre las pensiones y el sistema de aranceles. Para las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores que prestan servicios de apoyo, el debate no termina con la votación en Diputados. La implementación, los recursos disponibles y el cumplimiento de las obligaciones serán determinantes para evaluar sus consecuencias. El proyecto deberá atravesar el Senado antes de convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones aprobadas en la Cámara baja no deben confundirse con derechos nuevos ya vigentes.