En ese contexto La Federación Marítima y fluvial FESIMAF declaro el estado de alerta permanente y movilización frente al avance de un proyecto de ley que, bajo el argumento de reducir los costos logísticos, pretende profundizar la apertura del cabotaje nacional a buques extranjeros, lo hizo a través de un comunicado que advierte sobre las consecuencias laborales, económicas y estratégicas de una reforma que, lejos de fortalecer la actividad nacional, podría acelerar su desplazamiento en beneficio de intereses extranjeros. Asimismo el planteo de la FESIMAF es contundente: no se puede hablar de competitividad mientras se debilita la flota nacional, se amenaza el empleo argentino y se deja el transporte de las cargas del país cada vez más expuesto a operadores extranjeros. Por otra parte para las organizaciones gremiales, el proyecto representa un nuevo avance sobre una actividad estratégica que debería formar parte de una política de desarrollo productivo y defensa de la soberanía. Los sindicatos dejaron en claro que no se oponen al progreso, a la eficiencia ni a la modernización de la Marina Mercante. Por el contrario, sostienen que los trabajadores están dispuestos a asumir compromisos y realizar los esfuerzos necesarios para recuperar la capacidad operativa del sector. En ese sentido, remarcaron que presentaron propuestas concretas y formalmente elaboradas, con alternativas viables para mejorar la actividad, pero que esas iniciativas ni siquiera fueron consideradas. El cuestionamiento apunta a que el Gobierno pretende presentar la apertura del cabotaje como una solución a los costos logísticos, sin abordar las asimetrías económicas, tributarias y operativas que afectan a las empresas nacionales. En otras palabras, en lugar de generar condiciones para que los buques argentinos puedan competir, se busca reemplazar progresivamente la bandera nacional por embarcaciones extranjeras. Una advertencia directa a los gobernadores Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento estuvo dirigido a los gobernadores que respaldan la apertura del cabotaje como una supuesta salida para las economías regionales. Las organizaciones sindicales rechazaron cualquier intento de enfrentar a los trabajadores de tierra con los trabajadores embarcados, y advirtieron que no existen argentinos de primera y de segunda. La actividad marítima, señalaron, forma parte de una misma cadena productiva que involucra a puertos, talleres navales, proveedores, escuelas de formación, familias y miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Defender la actividad económica de una región no puede convertirse en una excusa para sustituir trabajadores argentinos por mano de obra extranjera. La discusión, sostienen los gremios, no debe plantearse como una pelea entre sectores laborales, sino como un debate sobre qué modelo de transporte necesita el país y quiénes serán los beneficiarios de sus cargas. El riesgo de entregar el transporte argentino a intereses extranjeros Los sindicatos también pusieron sobre la mesa una pregunta que consideran central y que, según señalaron, quienes impulsan la reforma todavía no respondieron: ¿qué ocurrirá cuando la flota nacional desaparezca y el transporte de las cargas argentinas quede concentrado en manos de empresas extranjeras, particularmente de bandera paraguaya? La preocupación no se limita a la pérdida de puestos de trabajo. También apunta a las consecuencias económicas de quedar dependiendo de operadores externos para trasladar la producción nacional. ¿Qué garantías tendrán los productores argentinos sobre las tarifas? ¿Quién evitará que una eventual concentración del transporte termine imponiendo precios y condiciones a las economías regionales? Para las organizaciones marítimas, destruir la competencia nacional para depender de un eventual monopolio extranjero no significa reducir costos. Significa perder capacidad de decisión, resignar herramientas estratégicas y comprometer el futuro de una actividad fundamental para el desarrollo del país. La defensa de la bandera argentina Frente a este escenario, los gremios reclamaron una política integral que contemple infraestructura portuaria, integración multimodal, equidad tributaria, recuperación de la capacidad de transporte y promoción efectiva de la bandera argentina. También exigieron al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional que cualquier reforma garantice la defensa del cabotaje, la Marina Mercante, el empleo nacional y la participación efectiva de las organizaciones representativas de los trabajadores. El pronunciamiento convoca, además, a las organizaciones sindicales, empresarias y a los distintos sectores productivos a defender un sistema de transporte al servicio del desarrollo nacional. La declaración de alerta permanente y movilización marca un endurecimiento de la posición sindical frente a una política que los trabajadores consideran profundamente perjudicial para el futuro de la actividad marítima argentina. El mensaje final no deja margen para interpretaciones: no hay desarrollo nacional entregando el transporte de nuestras cargas. Sin Marina Mercante nacional no hay soberanía logística.