La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) celebró la decisión del Gobierno nacional de suspender los efectos del Decreto 690/2026, que había sido cuestionado por las organizaciones marítimas por su intención de desregular el practicaje y la baquía en las vías navegables y puertos argentinos. La entidad sostuvo que la medida representa un reconocimiento implícito de que la iniciativa ponía en riesgo la seguridad operacional, el empleo especializado y la soberanía sobre el sistema de navegación nacional. Desde la Federación destacaron además la creación de una mesa de trabajo que reunirá a las partes involucradas del sector para debatir modificaciones y alcanzar consensos, una instancia que los gremios venían reclamando desde que se conoció el contenido del decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La suspensión del decreto confirma que el practicaje y la baquía no son simples trámites administrativos, sino funciones estratégicas indispensables para garantizar la seguridad de la navegación, la protección del medio ambiente y la defensa de la soberanía marítima y fluvial, afirmaron desde Fe.Si.Ma.F. En esa línea, remarcaron que la actividad requiere décadas de formación, experiencia y conocimiento específico sobre las condiciones de cada puerto y cada tramo de las vías navegables. La Federación también valoró que el proyecto de ley actualmente con media sanción haya eliminado los capítulos vinculados a la extranjerización de tierras y a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, dos puntos que habían generado un amplio rechazo entre organizaciones sindicales, sociales, productivas y políticas. Para Fe.Si.Ma.F., la marcha atrás del Gobierno constituye una clara muestra de que cuando una medida compromete los intereses soberanos de la Nación, la rectificación no solo es necesaria, sino imprescindible. Sin embargo, la entidad advirtió que el conflicto está lejos de haber terminado. El foco ahora está puesto en el capítulo que busca modificar el régimen de cabotaje nacional, una iniciativa que, según denuncian los gremios marítimos, pretende eliminar la reserva de cabotaje, flexibilizar los requisitos de nacionalidad de las tripulaciones y permitir condiciones laborales propias de las banderas de conveniencia. Eso implicaría una pérdida irreparable de empleo argentino, la entrega de nuestra logística soberana y el sometimiento de la capacidad estratégica de transporte del país a intereses extranjeros, señalaron. La Federación reclamó que ese capítulo sea retirado y que el Gobierno convoque tanto al sector privado como al ámbito legislativo para discutir un diseño de política marítima que fortalezca una Marina Mercante robusta y nacional, en lugar de profundizar un proceso de desregulación que consideran funcional a intereses externos. Fe.Si.Ma.F. confirmó que permanecerá en sesión permanente y estado de alerta, y ratificó que continuará impulsando acciones conjuntas con los sindicatos del sector para defender el trabajo argentino, la Marina Mercante y la soberanía sobre las vías navegables, puertos y el sistema logístico nacional.