En el el marco de la causa vialidad se realizo este martes, una conferencia de prensa los abogados de la expresidenta aseguraron haber encontrado documentación que, según sostienen, contradice uno de los pilares sobre los cuales se construyó la condena y abre una nueva instancia para reclamar su revisión. Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicaron que la nueva evidencia ya forma parte de la estrategia judicial presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo al que la defensa acudió para denunciar lo que considera violaciones a las garantías fundamentales de Cristina Kirchner. El punto que los abogados colocaron bajo la lupa es el fideicomiso creado a partir del Decreto 54/2009. De acuerdo con la documentación analizada por la defensa, el mecanismo involucró recursos por más de 2.000 millones de dólares destinados a obras públicas. Sin embargo, sostienen que las empresas del Grupo Austral vinculadas a Lázaro Báez recibieron solamente el 0,85% de ese dinero. Para Beraldi, ese dato modifica sustancialmente la lectura sobre el supuesto direccionamiento de fondos hacia el empresario santacruceño y pone en discusión la relación causal que la sentencia estableció entre las decisiones adoptadas durante el gobierno de Cristina y el supuesto perjuicio ocasionado al Estado. “La imputación fue absolutamente falsa”, fue una de las definiciones más contundentes utilizadas por la defensa durante la conferencia. Valim, por su parte, sostuvo que no existiría fundamento fáctico suficiente para sostener la condena. Una nueva batalla judicial La presentación no significa, por sí misma, la anulación de la condena. Cristina Kirchner continúa cumpliendo prisión domiciliaria y mantiene la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena en la causa Vialidad. Pero la defensa busca abrir una nueva instancia de revisión y, fundamentalmente, cuestionar la prohibición para ejercer cargos electivos. El camino elegido incluye la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los abogados ya habían llevado el caso al ámbito internacional y ahora incorporan estos nuevos elementos como parte de su argumentación. El planteo adquiere además una dimensión política evidente: la defensa pretende demostrar que la condena no sólo presenta cuestionamientos jurídicos, sino que se habría apoyado en una reconstrucción de los hechos que puede ser discutida a partir de documentación que, según los abogados, no habría sido valorada adecuadamente. El dato que puede cambiar la discusión La cifra del 0,85% es, para la defensa, el corazón de la nueva presentación. Si sobre un universo superior a 2.000 millones de dólares las empresas relacionadas con Báez efectivamente recibieron menos del 1% de los fondos, los abogados consideran que debe revisarse la hipótesis según la cual el fideicomiso habría sido utilizado como herramienta para beneficiar al empresario. El debate, por lo tanto, ya no pasa solamente por la existencia de contratos adjudicados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El interrogante que instala la defensa es otro: ¿puede sostenerse jurídicamente que existió una decisión presidencial destinada a beneficiar a un empresario determinado si los números del mecanismo financiero muestran que la inmensa mayoría de los recursos terminó en otras empresas? Esa es la discusión que ahora pretende llevarse nuevamente a los tribunales. La pelea política detrás del expediente El caso Vialidad lleva años atravesando la política argentina y se transformó en uno de los principales escenarios de confrontación entre el kirchnerismo y los sectores que impulsaron las investigaciones contra la exmandataria. Para sus abogados y para quienes respaldan políticamente a Cristina Kirchner, la causa constituye un ejemplo de persecución judicial y de utilización de los tribunales como herramienta de proscripción. La nueva prueba intenta trasladar esa discusión del terreno político al estrictamente documental: revisar números, contratos, movimientos de fondos y beneficiarios para determinar si la hipótesis que permitió condenar a la expresidenta resiste el análisis de la evidencia. Desde la defensa sostienen que no. Y por eso ahora el escenario se traslada nuevamente al plano internacional. Una disputa que todavía está abierta La presentación ante Naciones Unidas no implica una resolución inmediata ni modifica automáticamente la situación procesal de Cristina Kirchner. Pero sí representa un nuevo capítulo en la batalla judicial que la expresidenta mantiene desde hace años. La estrategia de sus abogados apunta a que el organismo internacional analice las garantías con las que se desarrolló el proceso y los efectos de la condena, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, la nueva documentación incorpora un elemento que promete alimentar una discusión de fondo: si los números del fideicomiso contradicen la hipótesis de que fue diseñado para favorecer a Báez, entonces habrá que revisar qué peso tuvo esa hipótesis en la construcción de la condena. La defensa ya dio su respuesta: considera que se trata de una evidencia capaz de demostrar que la imputación contra Cristina Kirchner fue equivocada. Ahora será la Justicia argentina y, eventualmente, el sistema internacional de derechos humanos el que deberá determinar cuánto peso jurídico tiene esa nueva documentación.