Este miércoles 9 de septiembre, la protesta de jubiladas y jubilados volvió a terminar con un operativo represivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la conducción política del jefe de Gobierno, Jorge Macri. La escena se repite y ya dejó de ser una excepción: adultos mayores que salen a la calle para reclamar por sus ingresos y por condiciones dignas de vida se encuentran con un despliegue policial que, lejos de escuchar sus demandas, responde con gases, escudos y empujones. La movilización había comenzado de manera pacífica. Sin embargo, según denunciaron los manifestantes y trabajadores de prensa presentes en el lugar, desde los primeros momentos se produjo un fuerte hostigamiento por parte de efectivos policiales, que registraban y filmaban a quienes se encontraban cubriendo la protesta. La situación terminó escalando. La Policía avanzó sobre los manifestantes y utilizó gases irritantes y escudos para dispersarlos. Entre los afectados hubo jubiladas y jubilados, justamente uno de los sectores más vulnerables y castigados por la pérdida del poder adquisitivo. Pero la represión no alcanzó solamente a quienes protestaban. También trabajadores de prensa fueron afectados mientras intentaban documentar lo que ocurría. Cuando reclamar se convierte en delito Para el movimiento sindical, lo ocurrido vuelve a exhibir una concepción preocupante de la protesta social: frente al reclamo, despliegue policial; frente a los jubilados, escudos; frente a los trabajadores de prensa, hostigamiento. La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿qué amenaza representan un grupo de jubilados y los trabajadores de prensa para que la respuesta del Estado sea un operativo policial? Los adultos mayores vienen reclamando públicamente por sus ingresos y por la posibilidad de llegar a fin de mes. Son demandas sociales que atraviesan a miles de familias y que difícilmente puedan resolverse con gases lacrimógenos. La postal de este miércoles vuelve a dejar una imagen difícil de ignorar: jubilados intentando sostener su reclamo en la calle mientras las fuerzas de seguridad avanzan sobre ellos. Desde los sectores gremiales y sociales cuestionan que la protesta sea tratada como un problema de seguridad en lugar de ser asumida como una expresión de una crisis social que requiere respuestas políticas. Gobernar no debería significar blindarse detrás de los escudos. Y el reclamo de quienes trabajaron toda su vida no debería recibir como respuesta gases y golpes.