En ese sentido desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) abrió este martes un nuevo frente de fuerte impacto político e institucional al exigir información oficial sobre el estado de aptitud psicofísica del presidente Javier Milei y reclamar que se determine si se encuentra en condiciones de ejercer la máxima responsabilidad del Poder Ejecutivo. El planteo fue impulsado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien anunció que el sindicato presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete, con copia a la Presidencia. El requerimiento busca establecer si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen destinado a evaluar la aptitud psicofísica y psíquica del mandatario. Aguiar fue particularmente duro al fundamentar la presentación y sostuvo que los trabajadores estatales deben cumplir numerosos requisitos para ingresar a la administración pública, entre ellos un examen médico preocupacional, mientras que no existiría una exigencia equivalente para quien ocupa la máxima autoridad política y administrativa del país. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir, planteó el dirigente estatal, en una comparación que coloca el debate sobre los controles de aptitud en el centro de la discusión institucional. Pero el reclamo fue mucho más allá. Aguiar sostuvo públicamente que Milei padece algún tipo de psicosis y habló de desequilibrios que, según su interpretación, serían evidentes. Esa afirmación corresponde al dirigente sindical y no constituye por sí misma un diagnóstico médico independiente. El planteo de ATE apunta, según explicó el gremio, a determinar la aptitud para ejercer la función presidencial y no a obtener la historia clínica del mandatario ni información médica privada. En la presentación se reclama conocer, en caso de existir una evaluación, cuándo fue realizada, qué organismo o profesional intervino y cuál fue su resultado. La discusión adquiere una dimensión institucional porque ATE sostiene que, si eventualmente existiera una incapacidad jurídicamente relevante para ejercer el cargo, podrían abrirse consecuencias sobre los actos realizados durante el ejercicio de la Presidencia. Esa interpretación fue planteada por el propio sindicato y no implica que tales actos hayan sido declarados nulos por autoridad judicial. ATE quiere llevar el reclamo al Congreso El sindicato estatal también anticipó que buscará impulsar una iniciativa legislativa para establecer exámenes psicofísicos para quienes se postulen a cargos electivos a partir de 2027. La propuesta pretende instalar una discusión que hasta ahora no ocupa un lugar central en los requisitos electorales: si además de las condiciones constitucionales y legales existentes debería establecerse algún mecanismo institucional de evaluación de aptitud psicofísica para quienes aspiren a ejercer responsabilidades públicas de máxima jerarquía. De esta manera, ATE transforma un cuestionamiento dirigido específicamente contra Milei en una discusión más amplia sobre los controles institucionales aplicables a quienes conducen el Estado. El pedido ya está formalizado. Ahora será el Gobierno nacional el que deberá responder si existe algún antecedente oficial de evaluación psicofísica del Presidente y, eventualmente, qué organismo intervino y bajo qué criterios. La controversia, lejos de quedar circunscripta a la salud privada de un mandatario, quedó instalada por ATE como una discusión sobre aptitud, responsabilidad institucional y controles para quienes ejercen el poder del Estado.