N ese contexto el Gobierno de Javier Milei volvió a elegir el camino de la presión frente a un reclamo sindical. Esta vez eson los aeropuertos y los protagonistas son los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil agrupados en ATE, que este jueves 3 y viernes 4 de septiembre realizarán medidas de fuerza en más de 27 terminales del país. Es una nueva pulseada entre un Gobierno que pretende imponer su modelo de ajuste y un sindicato que decidió responder en defensa del salario, la negociación colectiva y las condiciones laborales. Asimismo desde ATE-ANAC reclaman el pago de adicionales salariales que, según el sindicato, permanecen pendientes desde enero. También exige la reapertura de la negociación sectorial y reclama respuestas frente a problemas que afectan el funcionamiento de distintas áreas de la ANAC. El Gobierno exige que durante las franjas de protesta se garantice el 75% de las prestaciones, apelando al nuevo régimen de servicios esenciales incorporado por la Ley 27.802. La nueva herramienta del Gobierno La discusión tiene una dimensión política que excede ampliamente a la ANAC. La nueva legislación establece que la aeronáutica comercial queda comprendida dentro de las actividades en las que debe garantizarse un mínimo del 75% de prestación durante un conflicto colectivo. La ANAC ya reglamentó mecanismos para implementar ese esquema y estableció que el mínimo de los servicios de navegación aérea durante medidas gremiales debe ajustarse a la normativa vigente. Para el Ejecutivo, se trata de garantizar que el sistema aéreo continúe funcionando. Para el movimiento sindical, el problema es otro: hasta dónde puede avanzar el Estado para limitar el impacto de una huelga sin terminar vaciando de contenido el derecho de protesta. ATE no retrocede La protesta fue planteada para el jueves y viernes en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. La organización sindical anunció que las medidas estarán acompañadas por asambleas y movilizaciones. Los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y oficiales fueron contemplados entre las prestaciones que se buscará preservar durante la protesta, según la información difundida sobre la medida. Ezeiza y Aeroparque también forman parte del mapa del conflicto. Eso significa que la disputa tendrá visibilidad nacional y pondrá nuevamente frente a frente al Gobierno y a uno de los principales sindicatos estatales. Una pelea por algo más que un adicional El conflicto salarial es el punto de partida, pero la discusión ya tomó otra dimensión. ATE cuestiona el rumbo de la política estatal y sostiene que los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste de un programa económico basado en la reducción del gasto público. El Gobierno, por su parte, intenta que las nuevas reglas laborales tengan aplicación efectiva y advierte que los servicios esenciales deben mantenerse incluso frente a una medida de fuerza. La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegará la confrontación. Porque si el Gobierno pretende demostrar que las nuevas normas laborales pueden limitar la capacidad de presión sindical, ATE tiene en los aeropuertos un escenario de alto impacto para demostrar exactamente lo contrario. El conflicto sigue abierto Por ahora, nadie puede asegurar que habrá una paralización total de los vuelos. El propio Gobierno informó que se espera mantener la mayor parte de las operaciones, aunque admitió que podrían producirse demoras y reprogramaciones durante las franjas afectadas. Mientras el Gobierno intenta imponer el 75% de servicios mínimos, los trabajadores de la ANAC salen a reclamar por adicionales salariales y negociación colectiva.