En ese contexto la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) volvió a quedar en el centro de la escena. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó este jueves la sede central del organismo, ubicada en la calle Paso 551 de la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar la reestructuración impulsada por el Gobierno y denunciar que alrededor de 600 trabajadores podrían perder sus puestos de trabajo. La protesta fue encabezada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien advirtió que el conflicto ingresó en una nueva etapa y que el sindicato está dispuesto a profundizar las medidas si no aparecen respuestas concretas. “Hasta ahora los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas han sido absolutamente razonables. Asimismo las medidas y los reclamos fueron progresivos”, sostuvo Aguiar, al tiempo que anticipó que no descartan avanzar con ocupaciones en otras dependencias de la obra social. La disputa por 600 puestos El principal reclamo sindical está vinculado con el futuro de unos 600 trabajadores que desarrollan tareas en establecimientos que pertenecían a la estructura de IOSFA. Además ATE sostiene que aproximadamente 400 trabajadores contratados enfrentan el vencimiento de sus contratos el próximo 30 de septiembre, mientras que otros trabajadores de planta permanente podrían ser puestos en situación de disponibilidad. La discusión se encuentra directamente relacionada con el destino de hoteles, residencias, recreos y otros establecimientos turísticos que formaban parte del sistema. Según la información difundida durante el conflicto, son 13 hoteles y dos centros recreativos los que quedaron alcanzados por la reorganización. Cabe señalar que Para ATE, detrás de la reestructuración existe un proceso de reducción de funciones que terminaría trasladando el costo sobre los trabajadores. La pregunta por los fondos Pero el reclamo gremial no se limita a los puestos de trabajo. ATE cuestiona la situación financiera que atraviesa la obra social y sostiene que cuando comenzó la actual gestión de Defensa existía un superávit de aproximadamente $25.000 millones, mientras que actualmente la deuda acumulada habría superado los $500.000 millones. “¿Dónde está la plata? ¿Quién se beneficia con ese supuesto ahorro?”, planteó Aguiar durante la protesta. La cifra de los $500.000 millones corresponde a la estimación denunciada por ATE y no existe, hasta el momento, una confirmación oficial independiente de ese monto. Otros informes periodísticos ubican el pasivo reconocido o estimado de la estructura anterior en torno de los $213.000 millones. ATE también denunció presuntos manejos irregulares, entre ellos el supuesto destino de un préstamo de $40.000 millones originalmente destinado a equipamiento médico hacia gastos corrientes y cancelación de obligaciones con droguerías. Esa acusación requiere una investigación documental y no puede presentarse por sí misma como un delito probado. Una obra social partida en dos La crisis actual tiene como punto de partida el DNU 88/2026, mediante el cual el Gobierno dispuso la disolución y liquidación de IOSFA y creó la nueva OSFA para la cobertura de los integrantes de las Fuerzas Armadas. La reorganización también separó la cobertura correspondiente a Gendarmería y Prefectura, que pasó a una estructura diferente. El proceso dejó al viejo IOSFA con la responsabilidad de avanzar en su liquidación y resolver las obligaciones pendientes, mientras OSFA debe garantizar la continuidad de las prestaciones médicas. En medio de esa transición, los problemas financieros, las dificultades con prestadores y el futuro de las estructuras turísticas quedaron entrelazados con el conflicto laboral. Renunció el administrador de la liquidación La jornada de protesta tuvo además otro dato de fuerte impacto: Ariel Guzmán, coronel mayor retirado y administrador encargado de la liquidación de IOSFA, dejó su cargo luego de mantener una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti. La salida se produjo precisamente mientras ATE ocupaba la sede y cuestionaba la conducción y el proceso de reorganización. Distintos medios señalaron que la decisión estuvo relacionada con diferencias respecto de los tiempos y la marcha de la liquidación. Para los trabajadores, la salida de Guzmán profundiza la incertidumbre sobre el futuro del organismo. ATE prepara nuevas medidas El gremio anunció que el conflicto continuará y convocó a una vigilia para el miércoles 30 de septiembre en los establecimientos turísticos afectados. La advertencia sindical es concreta: si no existen garantías sobre la continuidad laboral y el funcionamiento de la obra social, las medidas podrían profundizarse. Mientras tanto, el Gobierno deberá resolver tres problemas simultáneos: la deuda acumulada, la continuidad de las prestaciones médicas y el futuro de cientos de trabajadores afectados por la reorganización. La crisis de OSFA dejó así de ser solamente una discusión administrativa. Se convirtió en un conflicto laboral y gremial que amenaza con escalar durante los próximos días.