La política de desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei volvió a encender un conflicto de enorme magnitud en el sistema marítimo-portuario argentino. El Centro de Navegación, una de las entidades más representativas del sector, reclamó la intervención urgente del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, y del director de la Policía de Seguridad de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina, José Fernando Dos Santos, por la paralización de hecho del servicio de practicaje, pilotaje y baquía tras la entrada en vigencia del Decreto 690/26.

En una carta de extrema dureza, la entidad denunció que los profesionales del sector dejaron de aceptar servicios debido a la supuesta falta de condiciones de seguridad jurídica y operacional generada por el nuevo esquema impuesto por el Gobierno nacional. El resultado ya se siente en toda la cadena logística: más de 140 buques permanecen pendientes de confirmación para ingresar o salir de la Vía Navegable Troncal, y la cifra continúa creciendo hora tras hora.

La advertencia no proviene de un gremio sino de las empresas que representan a las agencias marítimas encargadas del movimiento de los buques de carga y cruceros que operan en los puertos argentinos y que participan en más del 80% del comercio exterior del país. El dato deja al descubierto la gravedad del escenario abierto por el decreto oficial.

Según el documento, ya comenzaron a cancelarse operaciones que estaban programadas para realizarse en puertos argentinos y fueron redireccionadas al Puerto de Montevideo y a terminales del sur de Brasil, afectando a los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, el complejo del Up River, Quequén y Bahía Blanca, entre otros.

Desde el Centro de Navegación alertaron que la continuidad del conflicto puede provocar una congestión generalizada del sistema portuario, la paralización del comercio exterior argentino y pérdidas millonarias en divisas por incumplimientos contractuales, lucro cesante, sobrecostos logísticos y desvío de cargas hacia otros países.

Pero el aspecto más sensible del reclamo es el impacto sobre el empleo. La entidad sostuvo que la situación amenaza la continuidad de numerosas actividades productivas, puede provocar la saturación de plantas industriales por falta de capacidad de almacenamiento y poner en riesgo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad portuaria, marítima, logística e industrial.

Además, advirtieron que el conflicto deteriora la imagen internacional de la Argentina como destino confiable para las operaciones marítimas y comerciales, y que compromete la seguridad de la navegación, de las tripulaciones, de los pasajeros y de las cargas transportadas.

En el tramo final de la presentación, el Centro de Navegación recordó que el practicaje es un servicio público reconocido por el artículo 99 de la Ley de Navegación 20.094 y que fue declarado “actividad trascendental” por la Ley 27.802, por lo que reclamó una intervención inmediata del Estado para garantizar la continuidad del servicio.

El enfrentamiento por el Decreto 690/26, que ya había generado el rechazo de prácticos, capitanes, baqueanos y sindicatos marítimos, suma ahora el pronunciamiento de uno de los principales actores empresarios del sector. La crisis dejó de ser una disputa corporativa y amenaza con transformarse en un problema nacional que puede golpear de lleno a la producción, las exportaciones y el empleo argentino.