El conflicto en la flota congeladora tangonera sumó un nuevo capítulo tras la audiencia virtual realizada el pasado 23 de abril, donde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) volvió a cruzar posiciones con las cámaras empresarias CAPECA, CAPIP y CEPA. Durante el encuentro, encabezado por el secretario de Conciliación, Pablo Crebay, las empresas insistieron con una propuesta que apunta a modificar la tabla de valores por tonelada de langostino. Para el gremio, esto implica lisa y llanamente una reducción salarial para los trabajadores embarcados.

Desde la conducción sindical que encabeza Raúl Durdos fueron tajantes: “No vamos a aceptar que la crisis del sector la paguen los trabajadores”. En esa línea, denunciaron que se trata del segundo año consecutivo en que el empresariado intenta avanzar con un recorte de ingresos. El SOMU remarcó que, pese al endurecimiento de las posiciones, mantiene abierta la instancia de diálogo, aunque dejó en claro que cualquier alternativa que implique rebajas salariales será rechazada.

Además, el sindicato buscó despejar responsabilidades ante una eventual paralización de la actividad, al dejar constancia de que no existen medidas de fuerza y que los trabajadores están en condiciones de embarcar. También exigió el cumplimiento del artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, que obliga a garantizar tareas efectivas. Otro punto de conflicto surgió por la falta de notificación formal de una presentación empresaria realizada en febrero, lo que motivó un reclamo del gremio para que se respeten los procedimientos administrativos.

El trasfondo del conflicto expone una disputa más profunda: mientras las empresas alegan problemas de rentabilidad y buscan ajustar costos, el sindicato denuncia un intento sistemático de trasladar esa crisis a los salarios. En ese escenario, Durdos llamó a la unidad del sector y a sostener la defensa del poder adquisitivo frente a un contexto económico adverso. Cabe señalar que la negociación continuará el próximo 6 de mayo, en una audiencia que asoma clave para destrabar un conflicto que impacta de lleno en el empleo embarcado y en una de las actividades estratégicas de la pesca argentina.