POLITICA
28 de abril de 2026
Kicillof y la CGT, las CTA y provincias arman un frente contra la reforma laboral
El movimiento obrero y funcionarios laborales denunciaron la inconstitucionalidad de la norma impulsada por el Gobierno nacional y avanzan en una estrategia conjunta para frenarla.
En ese contexto el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó en La Plata un encuentro con ministros y secretarios de Trabajo de seis provincias junto a la cúpula de las principales centrales obreras para rechazar la reforma laboral impulsada por la Nación. La reunión congregó a dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, quienes coincidieron en denunciar la inconstitucionalidad de la normativa, especialmente en lo que respecta a la pérdida de facultades provinciales en materia de control y fiscalización laboral.
Entre los referentes sindicales presentes se destacaron Héctor Daer, Hugo Yasky, Hugo Godoy, Roberto Baradel y Oscar de Isasi, quienes respaldaron la estrategia judicial y política para frenar la aplicación de la ley. El eje del encuentro giró en torno a 13 puntos considerados “críticos”, donde —según los participantes— la reforma avanza sobre competencias propias de las provincias. En ese marco, se cuestionó el impacto directo sobre las carteras laborales locales, debilitando su capacidad de intervención en conflictos y controles. Desde el sindicalismo advirtieron que la discusión judicial se encuentra en un momento clave, con la cautelar impulsada por la CGT aún sin resolución definitiva.
En ese contexto, remarcaron la necesidad de fortalecer la presión política y territorial. Durante la reunión, Kicillof fue contundente: “Hay un intento muy claro de suprimir las facultades de las provincias. Lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional”, afirmó. Y agregó que el objetivo de fondo es “degradar los derechos laborales”. El encuentro concluyó con la firma de un documento conjunto en el que las centrales sindicales y los funcionarios provinciales se comprometieron a coordinar acciones legales y políticas para defender las autonomías jurisdiccionales y frenar lo que consideran un avance sobre los derechos de los trabajadores.
