En ese contexto La avanzada del gobierno nacional contra el sistema científico y productivo sumó un nuevo capítulo judicial. En el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín quedó registrada una acción de amparo contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a múltiples organizaciones del sector.

La presentación judicial busca frenar el cierre de la Estación Experimental AMBA, ubicada en Ituzaingó, una decisión que los trabajadores califican como parte de la “motosierra” que arrasa con políticas públicas estratégicas. El conflicto no es menor: detrás de la medida se encuentra el desmantelamiento de un espacio clave para el desarrollo de la agricultura familiar en el conurbano bonaerense, una región donde viven más de 16 millones de personas y de donde sale buena parte de los alimentos frescos que se consumen a diario.

La ofensiva judicial cuenta con el respaldo del Sindicato de Trabajadores del INTA (APINTA), la Federación de Agricultores Familiares (FONAF), ATE, la Cooperativa Trasulag, la Asociación Manuel Ugarte y la Fundación Servicio de Paz y Justicia, quienes denunciaron que el cierre no solo es arbitrario, sino también ilegal. La Estación Experimental AMBA cerró formalmente el 27 de febrero pasado, tras más de 15 años de trabajo científico y territorial. Sin embargo, según denuncian los trabajadores, el vaciamiento comenzó mucho antes: ya en junio de 2025 se habían reducido recursos, desmantelado equipos y debilitado su funcionamiento.

Desde las organizaciones sostienen que el INTA abandonó a los pequeños productores sin fundamentos, dejando sin asistencia técnica a quienes sostienen el cordón frutihortícola que abastece al área metropolitana. “Se está vulnerando el derecho de los agricultores familiares a acceder a la tecnología y al conocimiento”, advirtieron los demandantes, quienes remarcan que estas políticas contradicen leyes nacionales, la Constitución y acuerdos internacionales que garantizan el derecho a la alimentación y al desarrollo.

En ese marco, la presentación judicial no solo apunta a frenar el cierre, sino también a exponer el impacto social de una política de ajuste que, lejos de ser técnica, golpea directamente sobre la producción de alimentos y el trabajo. Mientras el gobierno profundiza su plan de recortes, el conflicto en el INTA se transforma en un símbolo de resistencia sindical y productiva frente a un modelo que, según denuncian, pone en riesgo la soberanía alimentaria y el futuro del sistema científico argentino.