En ese contexto el Scretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Raúl Omar Durdos, salió con firmeza a marcar la posición del gremio luego de que la Justicia otorgara una prórroga de 45 días, en un contexto donde crecen las tensiones por la posible implementación de un sistema de cuotas en la pesquería de langostino.

Desde el universo sindical, el debate ya se instaló con fuerza. La eventual cuotificación del recurso no solo abre interrogantes productivos, sino que también enciende alarmas sobre el impacto directo en el empleo, la actividad y la distribución del trabajo en el sector marítimo.

Durdos respaldó los planteos realizados por distintos sectores gremiales, entre ellos el Centro de Patrones y Oficiales de Pesca, que ya solicitó formalmente participar de la discusión a través de la Comisión Asesora Honoraria, ámbito previsto por la Ley Federal de Pesca para garantizar la representación de trabajadores, empresarios y actores clave. “No vamos a aceptar decisiones a espaldas de los trabajadores” En línea con esa postura, desde el SOMU fueron contundentes: “El ordenamiento de la pesquería no puede hacerse sin los trabajadores. Cualquier medida que afecte la actividad debe ser debatida con quienes ponen el cuerpo en cada marea”, sostuvo Durdos.

El dirigente advirtió que la implementación de cuotas individuales podría derivar en una fuerte reducción de capturas para la flota fresquera y costera, compuesta en gran parte por embarcaciones de menor porte. Según los planteos gremiales, en algunos casos esa reducción podría alcanzar hasta un 50% de la actividad, lo que pondría en jaque la continuidad de empresas familiares y, en consecuencia, el sustento de cientos de trabajadores embarcados y en tierra. Riesgo de concentración y menos trabajo Uno de los puntos más sensibles que remarcó el titular del SOMU es el posible avance hacia una mayor concentración empresarial. “Si no se planifica con criterio social, este sistema puede terminar beneficiando a los grandes buques congeladores en detrimento de las pymes pesqueras”, alertó. En ese sentido, el gremio teme que la lógica de “pescar mejor y no más” termine traduciéndose en menos días de navegación, menor rotación de tripulaciones y pérdida de puestos laborales, afectando de lleno a las economías regionales vinculadas a la actividad.

El fantasma del “high-grading”

Otro de los ejes de preocupación es el fenómeno conocido como “high-grading”, una práctica que podría intensificarse con la cuotificación. Este mecanismo implica priorizar la captura de ejemplares de mayor tamaño (L1 y L2), descartando el resto, lo que podría generar desperdicio de recursos, impacto ambiental y falta de transparencia en los controles. “Queremos saber cómo se va a fiscalizar esto. No puede haber margen para maniobras que perjudiquen al recurso ni a los trabajadores”, señalaron desde el entorno de Durdos.

Un debate inevitable, pero con todos adentro Con la prórroga judicial como marco, el conflicto entra en una etapa clave. Desde el SOMU insisten en que cualquier transformación del sistema pesquero debe surgir de un consenso amplio, federal y transparente. “No se trata solo de números o toneladas. Se trata de trabajo, de familias y de soberanía sobre nuestros recursos”, concluyó Durdos. La discusión recién empieza, pero el mensaje del sindicalismo marítimo ya es claro: sin los trabajadores en la mesa, no habrá reforma legítima en la pesca argentina.