En ese contexto la motosierra del Gobierno de Javier Milei encontró un límite en los tribunales. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús dictó una medida cautelar favorable al Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) recomponer de manera inmediata los ingresos de su personal, deteriorados tras un prolongado período sin actualizaciones.

La resolución judicial pone en evidencia un escenario crítico para los trabajadores del sector, encuadrados en el Convenio 827/06 “E”, quienes no recibían incrementos desde octubre de 2024. Esta situación generó una marcada inequidad respecto de otros empleados del mismo organismo y del resto de la administración pública, que sí accedieron a mejoras salariales. En sus fundamentos, el magistrado remarcó la naturaleza esencial del salario como sustento básico y consideró probado el daño ocasionado por la licuación de ingresos en un contexto inflacionario sostenido.

Además, cuestionó la ausencia de una verdadera instancia de negociación colectiva, señalando la falta de propuestas concretas por parte de las autoridades en las discusiones paritarias. A partir de este escenario, la Justicia dispuso que Vialidad Nacional aplique a estos trabajadores los mismos criterios salariales vigentes para el Convenio 214 de la administración pública, con efecto retroactivo a noviembre de 2024. La medida incluye la actualización inmediata de los haberes, el pago de sumas adeudadas —incluidos bonos— en tres tramos bimestrales y la suspensión de los plazos procesales para eventuales impugnaciones, con el objetivo de garantizar la rápida implementación del fallo.

Tras conocerse la decisión, la titular del gremio, Graciela Aleñá, sostuvo que se trata de “un avance clave en la defensa de los derechos de los trabajadores” y remarcó que la resolución judicial no solo corrige una situación de atraso salarial, sino que también expone el vaciamiento que atraviesa el organismo vial. El impacto del fallo trasciende el caso puntual. En el ámbito oficial crece la preocupación ante la posibilidad de que esta resolución marque un antecedente que complique la política de contención salarial aplicada en el Estado.

De hecho, ya existen advertencias sobre posibles reclamos similares en otros entes autárquicos que enfrentan situaciones de congelamiento. Cabe recordar que durante 2025 el Congreso había alertado sobre la imposibilidad de recortar funciones o desfinanciar Vialidad Nacional, destacando su rol estratégico en materia de conectividad y seguridad vial. Sin embargo, la política de ajuste y parálisis en el organismo derivó en un conflicto que ahora comienza a revertirse por vía judicial. Este revés para el Gobierno podría abrir una nueva etapa de judicialización de los reclamos salariales en el sector público, poniendo en discusión la utilización de las paritarias como herramienta de ajuste unilateral y reconfigurando el escenario de la negociación estatal en los próximos meses.