En ese contexto La discusión sobre el avance de las aplicaciones de transporte llegó nuevamente a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esta vez, con una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Peones de Taxis, organización que conduce Miguel Ángel Soto y que viene reclamando condiciones más equitativas para quienes desarrollan su actividad en el transporte público de pasajeros. Cabe señalar que el proyecto presentado por la senadora María Rosa Martínez propone crear un régimen provincial destinado a regular a las empresas que conectan, mediante plataformas digitales, la oferta y la demanda de viajes pagos. Se trata de una discusión que excede la incorporación de nuevas tecnologías y que pone sobre la mesa una cuestión central: quiénes deben asumir las responsabilidades cuando una actividad económica se desarrolla a través de aplicaciones. Asimismo desde el sector taxista vienen advirtiendo sobre las diferencias entre las exigencias que deben cumplir los trabajadores del servicio tradicional y las condiciones bajo las cuales funcionan las plataformas digitales. Habilitaciones, controles, seguros, obligaciones tributarias y requisitos para prestar el servicio forman parte de un reclamo que busca evitar que la modernización tecnológica se convierta en una herramienta para precarizar el trabajo. Para los peones de taxis, no se trata de desconocer el avance de las nuevas modalidades de transporte ni de enfrentar a trabajadores que encuentran en las aplicaciones una salida laboral. El planteo apunta principalmente a las empresas que administran estas plataformas y obtienen beneficios económicos a partir de la intermediación de los viajes. En ese sentido, la discusión debe contemplar las responsabilidades empresariales, la seguridad de los pasajeros, las condiciones de prestación del servicio y la protección de quienes viven de esta actividad. No puede existir un sistema en el que unos trabajadores deban cumplir con todas las obligaciones mientras otros quedan sujetos a reglas diferentes por el solo hecho de utilizar una aplicación. La iniciativa también vuelve a poner en debate el papel del Estado provincial frente a las transformaciones del mercado laboral. La tecnología puede facilitar el acceso al transporte y generar nuevas oportunidades, pero no debería utilizarse como argumento para debilitar derechos, desregular actividades o trasladar todos los riesgos económicos a los trabajadores. La posición de la Federación Nacional de Peones de Taxis expresa una preocupación que atraviesa a buena parte del sector: defender las fuentes de trabajo, preservar una actividad histórica y garantizar que las nuevas formas de prestación del servicio funcionen bajo condiciones transparentes y controles efectivos. El desafío de la Legislatura bonaerense será avanzar hacia una regulación que contemple a todos los actores involucrados, pero que no deje en manos de las grandes compañías tecnológicas las reglas de una actividad que tiene impacto directo sobre el empleo, la seguridad vial y el transporte de pasajeros. La discusión está planteada. Modernizar no puede significar precarizar, y la incorporación de nuevas tecnologías no debería convertirse en una excusa para que las empresas obtengan mayores beneficios mientras los trabajadores cargan con las obligaciones y los costos de la actividad.