El paro se enmarca en una serie de reclamos por el atraso en el pago de salarios y la denuncia penal interpuesta contra las autoridades del hospital, acusadas de permitir el deterioro de las condiciones laborales. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, expresaron que la situación ha alcanzado un límite crítico de “vaciamiento y asfixia salarial”. Lipcovich subrayó que la adhesión al paro incluye al personal de planta, quienes enfrentan similares condiciones de precarización. Destacó que un enfermero con diez años de antigüedad no puede superar los 900 mil pesos, generando preocupación sobre el éxodo de profesionales altamente capacitados del sistema de salud. En respuesta a la situación alarmante, se anunció una audiencia pública en el Congreso programada para el viernes 30 de mayo a las 15 horas. En esta reunión, se discutirá la necesidad de una ley que garantice el financiamiento y el funcionamiento estable del Hospital Garrahan, fundamental para cientos de miles de niños y niñas que dependen de sus servicios cada año. Además, la administración del hospital ha presentado una acción judicial preventiva con el objetivo de salvaguardar la continuidad de los servicios esenciales ante la huelga, argumentando que esta representa un “riesgo inminente e irreparable para la salud y vida de los pacientes”. Las autoridades hospitalarias buscan asegurar que, a pesar de la protesta, se mantengan los cuidados necesarios para aquellos que más lo necesitan.