La Marina Mercante Argentina se remonta a 1799, cuando se fundó la Escuela Nacional de Náutica «Manuel Belgrano». Esta escuela, que aún hoy continúa formando oficiales mercantes, marcó un punto crucial en el desarrollo de la navegación comercial argentina. El establecimiento de la Escuela Nacional de Náutica «Manuel Belgrano» es considerada el origen formal de la Marina Mercante Argentina. Aunque la actividad marítima comercial ya existía en la región, la creación de esta escuela formalizó la formación de los profesionales necesarios para el sector. A lo largo de la historia, la Marina Mercante Argentina ha experimentado diferentes etapas, incluyendo la creación de la Flota Mercante del Estado en 1941 y luego la formación de ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas) en 1960. En ese sentido su papel se volvió especialmente relevante durante la guerra de Malvinas, un evento que evidenció la necesidad de contar con una flota de bandera nacional que no solo respalde nuestras decisiones estratégicas, sino que también garantice la soberanía sobre nuestros recursos y el control de costos en el transporte marítimo y fluvial. Hoy sin embargo, la Argentina se enfrenta a una propuesta preocupante liderada por Federico Sturzenegger, que busca desregular la Marina Mercante, permitiendo la operación de buques de bandera extranjera y la contratación de tripulantes no argentinos. Este proyecto no solo pone en riesgo decenas de miles de empleos nacionales, sino que también socava nuestra autoridad logística, entregando un recurso estratégico que ha sido vital para la política económica y la defensa del país. Desregular la Marina Mercante significa abdicar del control sobre un sector clave que puede ser utilizado como herramienta de presión externa en momentos de crisis. La posibilidad de que decisiones fiscales y logísticas recaigan en manos foráneas compromete no solo nuestro sistema productivo, sino también la estabilidad de los precios de los bienes que consumimos. Cuando la logística nacional se convierte en un asunto de interés extranjero, los costos de transporte dejan de ser previsibles y se vuelven un instrumento de negociación en manos ajenas. La burocracia de la Secretaría de Desregulación, lejos de facilitar la vida a los ciudadanos, parece servir a intereses locales y extranjeros que buscan beneficiar su propio bolsillo a costa de nuestra independencia. No se trata de propuestas novedosas, sino de viejas prácticas que promueven la entrega de nuestros recursos y la precarización del trabajo. No podemos dejar que esta situación pase desapercibida. La lucha por mantener una Marina Mercante de bandera nacional es también una lucha por la dignidad de los trabajadores argentinos, por los derechos laborales y los convenios colectivos que garantizan una vida digna. Al apoyar a las organizaciones sindicales del sector marítimo y fluvial, defendemos un modelo de desarrollo que prioriza el bienestar de nuestra gente por encima de los intereses de unos pocos. Es hora de repudiar a aquellos que, disfrazados de nuevos movimientos políticos, vuelven a promover políticas antinacionales. La defensa de nuestra Marina Mercante no es solo una cuestión económica, sino un acto de soberanía y un pilar para la construcción de un país donde los argentinos puedan trabajar y prosperar en su tierra. No nos dejemos engañar otra vez: el futuro de nuestra nación depende de la firmeza con la que defendamos nuestros derechos.