La Argentina ya vivió una experiencia traumática cuando, en nombre de la “modernización” y la “competitividad”, se avanzó contra los derechos laborales. La llamada Ley Banelco, aprobada en el año 2000 bajo el gobierno de la Alianza, no solo dejó una reforma profundamente cuestionada por el movimiento obrero, sino que se convirtió en un símbolo indeleble de corrupción, degradación institucional y ruptura entre la política y el mundo del trabajo. Hoy, más de dos décadas después, el intento del gobierno nacional de imponer una nueva reforma laboral “a toda costa” despierta recuerdos incómodos y temores legítimos en el campo sindical. Un déjà vu peligroso El contexto no es idéntico, pero los paralelismos son inquietantes. Ayer como hoy, el argumento es el mismo: que las leyes laborales “atrasan”, que los convenios “rigidizan” y que los derechos “impiden el crecimiento”. Ayer como hoy, la variable de ajuste vuelve a ser el trabajador. La diferencia central es que, por ahora, no hay pruebas de sobornos ni de maniobras ilegales como las que mancharon al Senado en el año 2000. Pero la ausencia de coimas comprobadas no borra un dato político clave: la presión explícita para acelerar el tratamiento legislativo, reducir el debate y disciplinar a quienes se oponen. Cuando un proyecto que afecta a millones de personas se intenta aprobar a ritmo exprés, el problema deja de ser jurídico y pasa a ser profundamente democrático. El Congreso bajo presión El oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita acuerdos para avanzar. Allí se juega una disputa central: convencer o forzar. Y esa línea es siempre peligrosa. La historia argentina demuestra que cuando el poder político se obsesiona con imponer reformas estructurales sin consenso social, el costo institucional termina siendo enorme. El movimiento obrero organizado ya lo entendió. Las movilizaciones, los comunicados y las advertencias de la CGT y de los sindicatos no son un capricho: son una defensa preventiva de derechos conquistados con décadas de lucha. No es solo una ley, es un modelo La reforma laboral no es un hecho aislado. Forma parte de un modelo económico que concibe al trabajo como costo y no como derecho, que promueve la precarización bajo el discurso de la libertad y que busca debilitar la negociación colectiva para favorecer al capital concentrado. Eso fue la Ley Banelco. Y eso es lo que hoy se intenta reeditar, aunque con otros métodos y otros protagonistas. La memoria como herramienta de lucha El sindicalismo argentino tiene memoria. Sabe que cuando se flexibiliza el trabajo no llegan mejores salarios ni más empleo digno, sino mayor desigualdad, inestabilidad y pérdida de derechos. Por eso la resistencia no es ideológica: es histórica. La pregunta que sobrevuela el Congreso no es si habrá una nueva “Banelco” en términos judiciales. La pregunta real es otra: ¿Está dispuesto el poder político a volver a quebrar el contrato social con las y los trabajadores para satisfacer un dogma económico? La respuesta no puede escribirse en silencio ni entre cuatro paredes. Porque cada vez que el ajuste se disfraza de reforma, todo el movimiento obrero tiene la obligación de ganar las calles.