La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispuso un amplio despliegue de fuerzas de seguridad para hacer frente a la movilización. En medio de la protesta, se produjeron corridas y forcejeos, culminando en una represión que incluyó el uso de gas pimienta para dispersar a los manifestantes. "Este operativo es impresionante. No entiendo de dónde sale tanta plata. Dicen que no hay plata para nosotros. ¿Y esto?", cuestionó un hombre en diálogo con los medios, reflejando la indignación de muchos jubilados. En la esquina de Callao y Rivadavia, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) rodearon a un grupo de jubilados para evitar que bajaran de la vereda y realizaran un "semaforazo", una estrategia de visibilización planificada. Además, se implementó un cordón de seguridad para impedir que una columna de sindicatos de la CGT pudiera salir de la Plaza Congreso, limitando aún más la capacidad de los manifestantes para expresarse. Los incidentes se intensificaron cuando los jubilados intentaron marchar por la avenida Entre Ríos, siendo reprimidos nuevamente por las fuerzas de seguridad que, bajo el argumento de cumplir con el protocolo antipiquetes, obligaron a los presentes a regresar a la vereda. Esta situación desató gritos y empujones entre los manifestantes y las autoridades. El descontento de los jubilados se agudiza en un contexto en el que el Gobierno oficializó un aumento del 2,4% en los haberes jubilatorios y pensiones a partir de abril. Aunque anunció un bono extraordinario de 70 mil pesos, este no se actualizará ni se incorporará formalmente al haber, lo que significa que la mínima se elevará a 285.820 pesos, una cifra que continúa manteniendo las jubilaciones por debajo de la línea de indigencia. Asimismo la manifestación de hoy pone de relieve la creciente tensión entre el Gobierno y los sectores más vulnerables de la población, quienes sienten que sus derechos y necesidades están siendo ignorados. Los jubilados, que han dedicado sus vidas al trabajo y al sostenimiento de la economía del país, exigen ser escuchados y recibir un trato dignificante que refleje su esfuerzo y sacrificio. Mientras el descontento crece, la respuesta del Gobierno y la capacidad de diálogo se convierten en cuestiones cruciales para el futuro de las políticas sociales en Argentina.