En ese contexto La reunión, que contará con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, se llevará a cabo un día antes de la convocatoria de la CGT a sus gremios para discutir la posibilidad de una protesta para el 1° de mayo, que incluiría un acto con marcha hacia la Plaza de Mayo. Además, un grupo de gremialistas se reunirá con miembros del bloque de senadores de Unión por la Patria en un intento por obtener consenso legislativo para rechazar la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, afectando a casi un millón de trabajadores, según la CGT. "Desconocemos cuál es el interés de la convocatoria, pero es positivo que acepten dialogar de manera institucional", comentó un líder de la CGT consultado por La Nación sobre la llamada de Francos. Desde el inicio de la gestión de Milei, la CGT no había mantenido contactos formales con el Gobierno, a excepción de Armando Cavalieri, líder mercantil, quien había avanzado en negociaciones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para discutir cambios en el régimen de indemnización en su sector. Guillermo Francos y Julio Cordero ya habían tenido un encuentro informal previo con la CGT cuando la gestión de Milei comenzaba y se discutía el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, cuyo aspecto laboral fue impugnado en la Justicia y está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema. En esa ocasión, Cordero ejercía como asesor del Gobierno y conservaba su puesto como abogado del Grupo Techint. Sin embargo, lo discutido en esa reunión en la sede de la Uocra no se reflejó en el decreto presidencial posteriormente. La iniciativa de Milei con la reforma laboral por decreto fue percibida como una provocación por los sindicatos, quienes vieron amenazado su poder de representación y recaudación. El Gobierno ahora busca retomar la idea de una reforma laboral, aunque menos agresiva, sin tocar los "aportes solidarios" ni hacer que las empresas actúen como agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. Tampoco se planea afectar el financiamiento de las obras sociales, que seguirían recibiendo aportes de los salarios de los trabajadores. Es decir, las cajas sindicales no estarían en riesgo, a diferencia de lo propuesto por Federico Sturzenegger en el DNU. Es probable que el oficialismo en Diputados apoye un proyecto presentado por Juntos por el Cambio y Hacemos Coalición Federal para realizar cambios en la legislación laboral hasta que la Corte Suprema o el Congreso decida el futuro del DNU de Milei. En este contexto, el diálogo entre el Gobierno y la CGT cobra una relevancia crucial para evitar un conflicto laboral que podría afectar a amplios sectores de la sociedad.