En ese contexto la jornada del martes 20 de octubre dejó al descubierto nuevos focos de tensión entre organizaciones sindicales y distintos niveles del Estado. En la Ciudad de Buenos Aires, la detención de tres representantes de los trabajadores del subte derivó en una paralización total del servicio durante más de cinco horas. En territorio bonaerense, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió rechazar la última propuesta salarial del Gobierno provincial y convocó a una medida de fuerza de 48 horas. En La Pampa, por su parte, la Mesa Intersindical cuestionó la falta de convocatoria formal a una reunión paritaria que debía realizarse el lunes. Los tres episodios tienen particularidades propias, pero comparten un escenario de creciente conflictividad en el que las condiciones laborales, los ingresos y el funcionamiento de los ámbitos de negociación vuelven a ocupar el centro de la agenda gremial. Subtes: tres detenciones y una red paralizada El conflicto más inmediato se produjo en la red de subterráneos porteña. La Policía de la Ciudad detuvo a tres representantes sindicales durante una protesta realizada en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, en Villa Urquiza. Entre los dirigentes detenidos se encontraban Claudio Dellecarbonara, Néstor Segovia y Facundo Heredia. La intervención policial se produjo mientras los trabajadores realizaban una protesta con apertura de molinetes, en rechazo a una sanción laboral aplicada a un trabajador y a la tercerización de tareas de mantenimiento. La detención de los representantes gremiales provocó una rápida respuesta de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), cuyos integrantes interrumpieron el servicio de las seis líneas y del Premetro. La medida comenzó durante la mañana y afectó a miles de usuarios que debieron buscar alternativas para trasladarse. Desde el sindicato denunciaron una intervención policial que consideraron desproporcionada y sostuvieron que la respuesta de las autoridades excedió el conflicto laboral que había originado la protesta. La conducción gremial también reclamó que se revisara la sanción impuesta al trabajador involucrado. La posición del Gobierno porteño fue diferente. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, respaldó el accionar policial y sostuvo que quienes bloquean un servicio esencial deben afrontar las consecuencias legales de sus actos. Además, la administración de la Ciudad intimó al gremio, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires a garantizar una prestación mínima del 50% en todas las líneas y en el Premetro. La disputa puso nuevamente sobre la mesa el alcance del derecho a la protesta en un servicio público de utilización masiva y las obligaciones que las autoridades atribuyen a los trabajadores del sector. Después de más de cinco horas de interrupción, el servicio comenzó a normalizarse poco después de las 16, tras la liberación de los dirigentes. Sin embargo, el restablecimiento de los trenes no significó el cierre de la disputa. La organización sindical mantiene sus cuestionamientos por la sanción laboral, la tercerización y la intervención policial. La FEB rechazó el aumento y va al paro En la provincia de Buenos Aires, el conflicto docente sumó un nuevo capítulo. La Federación de Educadores Bonaerenses resolvió rechazar la propuesta salarial del Gobierno de Axel Kicillof y anunció 48 horas de paro. La decisión fue adoptada por el Congreso Extraordinario de la organización, luego de consultar a sus representantes en los distintos distritos bonaerenses. La primera jornada de huelga fue fijada para el jueves 22 de octubre, mientras que el Consejo Directivo tendrá la facultad de definir cuándo se concretarán las otras 24 horas. La oferta oficial contempla un incremento del 6% en dos tramos, calculados sobre los salarios de septiembre: un 3% en octubre y otro 3% en noviembre. La propuesta también contempla una nueva instancia de negociación en diciembre. Para la FEB, el porcentaje resulta insuficiente frente al deterioro de los ingresos y no alcanza para iniciar una recomposición salarial que responda a las necesidades del sector. La presidenta de la entidad, Liliana Olivera, sostuvo que la propuesta no permite comenzar a recuperar el poder adquisitivo y recordó que el último incremento se había cobrado en agosto. La dirigente también planteó el problema de la sobrecarga de tareas y el deterioro de las condiciones laborales. El escenario docente quedó dividido. Mientras la FEB rechazó el ofrecimiento y convocó a la huelga, otros sindicatos del sector, entre ellos SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP, aceptaron la propuesta provincial. La diferencia de posiciones refleja que el acuerdo salarial no consiguió una respuesta uniforme entre las organizaciones que representan a los trabajadores de la educación. El paro de la FEB abrirá una nueva instancia de presión sobre el Ejecutivo bonaerense y volverá a colocar el salario docente en el centro de la discusión pública. La Pampa: una paritaria postergada y reclamos de los estatales En La Pampa, la Mesa Intersindical cuestionó la postergación de la reunión paritaria general que debía realizarse el lunes 19 de octubre con representantes del Gobierno de Sergio Ziliotto. Los sindicatos señalaron que la fecha había sido acordada durante las conversaciones previas, pero denunciaron que la Secretaría de Trabajo provincial no formalizó la convocatoria necesaria para concretar el encuentro. La falta de reunión generó malestar entre las organizaciones, que anunciaron la presentación de una nota para exigir una nueva fecha y reclamar que se cumplan los compromisos vinculados con la negociación. Los representantes sindicales atribuyeron la situación al área que conduce Marcelo Pedehontáa y cuestionaron el funcionamiento de la instancia paritaria. La denuncia se produce en un contexto en el que los trabajadores estatales mantienen demandas relacionadas con los ingresos y las condiciones laborales. Entre los reclamos planteados por distintos sectores se encuentran la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, el reconocimiento de tareas críticas, modificaciones en las condiciones jubilatorias y mejoras en la composición de los haberes. No obstante, corresponde distinguir la negociación general de los estatales de las conversaciones sectoriales. En el área de Salud, ATE y SITRASAP habían suspendido previamente una protesta luego de recibir una propuesta del Ejecutivo para evaluar cambios en la jornada laboral a partir de 2027, con prioridad para determinados sectores. Ese entendimiento no reemplazaba la reunión general con la Mesa Intersindical. Por el momento, la denuncia sobre una supuesta intención oficial de boicotear la paritaria corresponde a la interpretación de los gremios. La nueva convocatoria será determinante para establecer cómo continúa la negociación. Tres conflictos, una agenda laboral abierta Las detenciones en el subte, el rechazo salarial docente y la postergación de la paritaria pampeana muestran distintos escenarios de confrontación entre organizaciones gremiales y autoridades públicas. En la Ciudad de Buenos Aires, el conflicto se concentró en las condiciones laborales, la tercerización y las consecuencias de una protesta que terminó con tres dirigentes detenidos. En la provincia de Buenos Aires, la discusión pasa por la capacidad del aumento ofrecido para recomponer los ingresos docentes. En La Pampa, el reclamo inmediato apunta a garantizar la continuidad de una negociación que no llegó a concretarse. Las próximas jornadas permitirán observar si las autoridades abren nuevas instancias de diálogo o si las diferencias derivan en nuevas medidas de fuerza. Mientras tanto, los sindicatos mantienen sus reclamos y advierten que las respuestas oficiales no alcanzan para resolver las disputas planteadas.