Tras la disputa entre los taxistas y las plataformas de transporte suma un nuevo capítulo. Para los trabajadores del sector, el problema no pasa solamente por la pérdida de viajes y la caída de los ingresos, sino también por las diferencias en las condiciones que deben cumplir quienes ofrecen un servicio de transporte de pasajeros. Desde la Federación Nacional de Peones de Taxis, que conduce Miguel Ángel Soto, sostienen que existe una desigualdad entre los choferes que trabajan bajo las normas específicas de la actividad y quienes prestan servicios mediante aplicaciones que, según denuncian, no afrontan exigencias equivalentes. El planteo gremial abarca habilitaciones, tarifas, obligaciones impositivas, seguros y condiciones de seguridad. Los taxistas deben responder a requisitos vinculados con la prestación del servicio, mientras reclaman que las plataformas y sus conductores estén sujetos a controles acordes con la responsabilidad que implica transportar personas. La discusión también incluye la formación de los choferes. Desde la Federación plantean que quienes trasladan pasajeros deben contar con licencias profesionales habilitantes, identificación del conductor y del vehículo, capacitación permanente y experiencia suficiente. En ese sentido, proponen una antigüedad de al menos diez años como parte de los requisitos que consideran necesarios para garantizar un servicio seguro. “No se trata de prohibir las aplicaciones, sino de terminar con la competencia desigual. Si todos transportamos pasajeros, todos debemos cumplir las mismas reglas y ofrecer las mismas garantías de seguridad”, es la síntesis del planteo que sostiene la conducción de Miguel Ángel Soto. El conflicto también se traslada a los principales puntos de llegada y salida de pasajeros. La Federación denuncia que vehículos vinculados con las aplicaciones recogen usuarios en aeropuertos, puertos, terminales fluviales y estaciones de micros sin contar, en determinados casos, con las autorizaciones que se exigen a los taxis. Para el gremio, esta situación perjudica a quienes sostienen su actividad dentro del sistema de habilitaciones correspondiente. La organización busca que el debate no quede reducido a una disputa comercial entre taxis y plataformas. El eje, según sostiene, debe ser la regulación de una actividad que involucra la seguridad de los pasajeros, las condiciones laborales de los choferes y la continuidad de miles de puestos de trabajo. En la Ciudad de Buenos Aires, referentes del sector mantienen conversaciones con legisladores del peronismo para impulsar una discusión sobre las reglas que deben regir el transporte mediante aplicaciones. En territorio bonaerense, por su parte, una iniciativa vinculada con la senadora María Rosa Martínez abre una expectativa en torno a la ampliación de las posibilidades laborales de los taxis en el conurbano. Para los trabajadores, el desafío es que el crecimiento de las nuevas modalidades de transporte no se traduzca en una pérdida de derechos ni en una competencia sostenida sobre la base de obligaciones diferentes. La Federación insiste en que la modernización del servicio debe ir acompañada de controles efectivos, condiciones de seguridad uniformes y reglas que permitan competir sin poner en desventaja a quienes viven de su trabajo al volante.