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SINDICATOS

18 de agosto de 2026

El FreSU reclama un salario mínimo de $3 millones y denuncia una fuerte pérdida del poder adquisitivo

El Frente de Sindicatos Unidos presentó una nueva actualización de su índice salarial y sostuvo que una familia trabajadora necesitó $3.065.161 durante julio para cubrir las nueve necesidades contempladas por la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. Dirigentes de distintos sectores sindicales cuestionaron la política económica del Gobierno y reclamaron una recuperación urgente de los ingresos.

En ese contexto tras una conferencia de prensa que se realizó hoy frente al Palacio Pizzurno, en la carpa de CONADU,tras una jornada de protesta universitaria. el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) volvió a colocar el salario en el centro de la agenda sindical y reclamó este martes que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) alcance los $3.065.161, monto que, según el índice elaborado por la organización, una familia trabajadora necesitó durante julio para cubrir las nueve necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

Asimismo la protesta estuvo marcada por el reclamo universitario y la denuncia por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El monto calculado por el FreSU representa más de ocho veces el salario mínimo vigente y fue presentado por las organizaciones sindicales como una referencia para discutir qué ingreso debería garantizar una vida digna para los trabajadores y sus familias.

Durante la conferencia, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que el objetivo del frente es articular los reclamos de los distintos sectores sindicales y enfrentar las políticas económicas del Gobierno nacional. "Estamos acá, junto al resto de las y los compañeros del FreSU, para articular los reclamos y luchar juntos contra las políticas de este gobierno, que incluye el reclamo de un salario que nos permita vivir con dignidad", afirmó. Una canasta que supera los $3 millones

El Índice FreSU toma datos oficiales del INDEC, pero aplica una ponderación propia vinculada con las necesidades de las familias trabajadoras. Para julio, el cálculo estableció los siguientes valores: - Alimentación adecuada: $653.231. - Vivienda digna: $609.613. - Educación: $279.529. - Vestimenta: $146.631. - Salud: $373.934. - Transporte, esparcimiento y vacaciones: $665.055. - Previsión social: $337.168. El frente sostiene que el objetivo no es establecer una canasta destinada únicamente a la subsistencia, sino recuperar el concepto constitucional de un salario mínimo capaz de garantizar condiciones de vida dignas. Aguiar apuntó contra la transferencia de ingresos

 

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la actual gestión y afirmó que el deterioro de los ingresos representa una transferencia de recursos hacia un grupo reducido de empresas. "El Índice FreSU elaborado con datos del INDEC, pero ponderado según las necesidades de las y los trabajadores, muestra que un trabajador necesita más de 3 millones de pesos por mes para vivir dignamente y vamos a seguir luchando por ello", sostuvo. El dirigente afirmó además que, según las estimaciones presentadas por el frente, la transferencia de recursos acumulada alcanza los $69 billones.

En la misma línea, el secretario general de APLA, Pablo Biró, cuestionó el nivel actual del salario mínimo y sostuvo que ni siquiera permite cubrir una de las necesidades contempladas por la legislación laboral y la Constitución. Reclamo transversal de los sindicatos La conferencia reunió a representantes de distintos sectores del movimiento obrero.

 

También participaron Graciela Aleñá, secretaria general de Trabajadores Viales; María Fernanda Boriotti, secretaria general de FESPROSA; Rubén Lafuente, secretario general de Molineros; y Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur. Aleñá reclamó defender los salarios y los convenios colectivos, mientras que Boriotti vinculó la situación universitaria con los problemas que atraviesan la salud y otros sectores estratégicos. "El ataque que sufren las universidades es el mismo ataque que sufre la Salud y las vías navegables", sostuvo Boriotti, quien cuestionó una política que, según planteó, genera destrucción de puestos de trabajo y deterioro de las condiciones de vida. Lafuente, por su parte, convocó a enfrentar el modelo económico y advirtió sobre el impacto de la caída salarial sobre el consumo. También participaron representantes del IDC (International Dockworkers Council – Consejo Internacional de Estibadores), quienes expresaron su solidaridad con el reclamo universitario y la demanda de un salario digno.

Asimismo uno de los ejes más fuertes planteados por el FreSU fue la relación entre la pérdida salarial y el creciente endeudamiento de los hogares. De acuerdo con los datos difundidos durante la actividad, cada trabajador del sector privado habría perdido más de $2,8 millones, mientras que la pérdida acumulada por cada trabajador estatal superaría los $14,9 millones. El frente también estimó que la deuda de las familias aumentó en $46 billones desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei y que la morosidad se multiplicó por cuatro durante el último año.

 

Para las organizaciones sindicales, el fenómeno muestra que muchas familias recurrieron al crédito para compensar la pérdida de ingresos y que ese mecanismo habría llegado a un límite. Un frente sindical amplio El FreSU reúne organizaciones sindicales de distintas centrales obreras, entre ellas UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, CONADU, CONADU Histórica, FESPROSA, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales. El espacio reivindica como base de su reclamo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen que el salario mínimo debe permitir satisfacer necesidades vinculadas con alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Con la actualización presentada este martes, el FreSU volvió a instalar una pregunta central en la discusión laboral: cuánto necesita realmente una familia trabajadora para vivir dignamente en la Argentina actual.

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