En ese contexto a decisión del Grupo Mirgor de despedir trabajadores y restringir el ingreso de cientos de operarios en sus plantas de Río Grande volvió a encender las alarmas en Tierra del Fuego y generó un fuerte rechazo del sindicalismo metalúrgico. Para la UOM Río Grande, las cesantías no responden a una caída del consumo sino a una represalia directa contra quienes impulsaron medidas de fuerza y defendieron derechos laborales históricos. El conflicto estalló luego de un paro de 24 horas convocado por el gremio para reclamar continuidad laboral, recomposición salarial y el pago de un adicional que los trabajadores consideran parte de su salario desde hace más de una década. En ese contexto comenzaron a llegar los telegramas de despido y se denunció la exclusión de delegados y activistas sindicales de las plantas de producción. Desde el sindicato sostienen que la empresa intenta avanzar sobre el convenio colectivo, reducir la representación gremial y abrir un camino hacia una mayor flexibilización laboral. La conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral provincial suspendió temporalmente las cesantías, pero no desactivó el conflicto de fondo. Diversas fuentes gremiales advierten que la empresa pretendía avanzar con un número significativamente mayor de desvinculaciones. La preocupación se extiende a todo el polo industrial de Río Grande, donde miles de familias dependen de la actividad electrónica. Para el movimiento obrero fueguino, el conflicto con Mirgor excede una discusión salarial: se trata de una disputa por el derecho a organizarse, por la defensa del convenio colectivo y por el futuro de la industria nacional en la provincia más austral del país. La UOM mantiene el estado de alerta y no descarta nuevas medidas si la empresa insiste con despidos o modificaciones unilaterales de las condiciones laborales. La pelea recién comienza y, en Tierra del Fuego, ya nadie duda de que lo que está en juego es mucho más que un conflicto de empresa.