En ese sentido el futuro de la Marina Mercante argentina volvió al centro de la discusión política y sindical. El Senado de la Nación comenzó a debatir dos proyectos que proponen modificar las reglas del cabotaje nacional, una actividad fundamental para el transporte de mercaderías por los ríos y puertos del país. Frente a estas iniciativas, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) viene sosteniendo una posición de defensa del empleo argentino, las condiciones laborales de las tripulaciones y la recuperación de la flota nacional. La preocupación del gremio no apareció con el inicio del debate parlamentario. En los últimos meses, el SOMU advirtió sobre los riesgos de una nueva apertura del cabotaje a embarcaciones extranjeras y cuestionó que las dificultades de la actividad se atribuyan principalmente a los costos laborales. El sindicato sostiene que la crisis del sector también debe analizarse a partir de los problemas estructurales de la logística, la infraestructura portuaria y las condiciones que afectan a las empresas navieras argentinas. En esa línea, Alejandro Vargas, secretario de Relaciones Laborales del SOMU, llevó la preocupación del sector al segundo Consejo Portuario Bonaerense, donde planteó la necesidad de discutir el funcionamiento integral del sistema y no limitar el diagnóstico al costo de las tripulaciones. El dirigente participó en representación de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), que reúne a distintas organizaciones de trabajadores de la actividad. Ahora, con el tratamiento de los proyectos en el Senado, la discusión adquiere una dimensión institucional decisiva. Las modificaciones que eventualmente apruebe el Congreso pueden establecer nuevas condiciones para el transporte entre puertos argentinos y afectar el funcionamiento de la Marina Mercante, las empresas nacionales y los trabajadores embarcados. Dos proyectos y una discusión sobre el futuro de la flota argentina El miércoles 28 de octubre, las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzaron a tratar dos iniciativas vinculadas con el cabotaje y la Marina Mercante. Una de ellas, impulsada por la senadora Carolina Moisés junto con otros legisladores, propone crear un Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria. El texto contempla ampliar las posibilidades de participación de buques extranjeros en el transporte entre puertos argentinos y establece modificaciones vinculadas con las condiciones económicas de la actividad. La segunda iniciativa, presentada por el senador Jorge Capitanich y otros legisladores, propone un Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina, conocido como RETCAN. Aunque ambas propuestas parten del reconocimiento de los problemas de competitividad y de la necesidad de mejorar el transporte por agua, existen diferencias importantes sobre la manera de resolverlos. El punto central es si la respuesta debe apoyarse en una mayor apertura a operadores extranjeros o en un esquema que priorice la recuperación de la capacidad operativa de la flota nacional. Para los trabajadores marítimos, esa diferencia no es menor. Las condiciones que se establezcan determinarán qué embarcaciones podrán realizar el transporte, qué obligaciones deberán cumplir las empresas y bajo qué reglas se contratará al personal embarcado. El SOMU cuestiona una mirada centrada en los costos laborales Uno de los ejes de la posición sindical es la necesidad de evitar que la competitividad de la Marina Mercante se busque mediante cambios que terminen debilitando las condiciones de trabajo. Desde el SOMU se viene planteando que el costo de las tripulaciones no explica por sí solo las dificultades del transporte marítimo y fluvial argentino. Las demoras portuarias, las deficiencias de infraestructura, las condiciones económicas y la falta de inversiones también inciden en el funcionamiento de la actividad. La advertencia apunta a un riesgo concreto: que una reforma orientada a reducir costos termine favoreciendo a operadores extranjeros sin resolver los problemas de fondo que afectan a las empresas nacionales. La discusión también involucra a la industria naval, el mantenimiento de las embarcaciones y la formación profesional. Una flota mercante necesita inversiones, trabajadores capacitados y empresas con capacidad para sostener sus operaciones. Si esas condiciones no se desarrollan, la apertura puede ampliar la participación de buques extranjeros sin garantizar una recuperación de la capacidad nacional. La CGT reclamó a los senadores que rechacen una apertura irrestricta En medio del debate parlamentario, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un comunicado de su Consejo Directivo Nacional para fijar posición sobre las iniciativas. La central obrera pidió a los senadores que rechacen cualquier proyecto o medida que promueva una apertura irrestricta del cabotaje nacional a embarcaciones de bandera extranjera. En el documento, la CGT advirtió que está en juego el futuro de la Marina Mercante y vinculó la discusión con la soberanía comercial, la independencia económica y la defensa de miles de puestos de trabajo. La intervención de la central sindical amplía el alcance del reclamo de los gremios marítimos. Ya no se trata únicamente de una controversia sobre las reglas de navegación o los costos de las empresas, sino de una discusión sobre el lugar que ocuparán los trabajadores argentinos en una actividad estratégica para la economía. El pronunciamiento también coloca presión sobre los legisladores, que deberán evaluar las consecuencias laborales y productivas de las modificaciones antes de avanzar con una nueva regulación. La falta de barcos y las necesidades de las economías regionales Durante el plenario del Senado, representantes del sector reconocieron que existe una insuficiencia de embarcaciones argentinas para atender determinadas necesidades de transporte, especialmente en las provincias del norte. Jorge Pablo Tiravassi, representante de la FESIMAF, señaló durante su exposición que los productores necesitan sacar sus cargas por los puertos fluviales y que actualmente no hay suficientes barcos nacionales para responder a toda esa demanda. El planteo revela uno de los principales problemas que atraviesa el debate: la necesidad de ofrecer soluciones a los productores sin que la falta de capacidad de la flota termine justificando una apertura sin límites claros. Tiravassi también manifestó preocupación por las consecuencias laborales de los cambios. Durante la reunión mencionó que en Corrientes hay 3.402 marineros registrados y advirtió sobre el riesgo que podría representar la reforma para parte de los trabajadores de la actividad. La discusión requiere, por lo tanto, una respuesta que contemple las necesidades inmediatas de transporte y, al mismo tiempo, establezca mecanismos para recuperar la capacidad de la Marina Mercante argentina. El Gobierno defiende la desregulación como herramienta para reducir costos Desde el Poder Ejecutivo, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, sostuvo que las iniciativas pueden contribuir a mejorar la logística y reducir los costos de transporte de las economías regionales. Durante su exposición mencionó posibles disminuciones de entre el 50% y el 70% en determinadas operaciones, a partir de una mayor utilización de las vías navegables. Esas cifras corresponden a estimaciones presentadas por el funcionario y no representan un ahorro garantizado para todas las rutas o actividades. Por su parte, Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, presentó comparaciones sobre los costos de transporte y las alternativas para mejorar la competitividad. El argumento oficial sostiene que ampliar las opciones disponibles permitiría aprovechar mejor los ríos y disminuir la dependencia del transporte terrestre en determinados trayectos. Sin embargo, el debate también exige determinar cómo se distribuirían los beneficios de una eventual reducción de costos y qué consecuencias tendría para las empresas argentinas y sus trabajadores. También hay objeciones desde el sector empresario La apertura del cabotaje tampoco recibió un respaldo uniforme entre los representantes empresariales. José Pablo Elverdin, de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), señaló que las diferencias impositivas y sociales respecto de otros países de la región constituyen obstáculos para la competitividad de los armadores argentinos. Su planteo puso de relieve que modificar las reglas de navegación no necesariamente alcanza para resolver los problemas que enfrenta la actividad. Las condiciones tributarias, el financiamiento y la estabilidad económica también inciden en la capacidad de las empresas para operar e invertir. En consecuencia, la discusión parlamentaria reúne preocupaciones diferentes, pero relacionadas: los trabajadores buscan evitar que la reforma deteriore el empleo y las condiciones laborales; las empresas reclaman condiciones competitivas; y el Gobierno plantea la necesidad de reducir los costos logísticos. El debate sigue abierto Al cierre de la reunión del 28 de octubre, los dos proyectos quedaron a disposición de los senadores para la firma de los dictámenes y el plenario pasó a un cuarto intermedio. Al día siguiente, las negociaciones continuaban abiertas y el oficialismo buscaba introducir modificaciones para reunir los apoyos necesarios. Entre las alternativas mencionadas figuraba la posibilidad de incorporar disposiciones del proyecto RETCAN al texto promovido por Moisés. El contenido definitivo todavía debía resolverse en el ámbito parlamentario. En ese escenario, la posición del SOMU y la advertencia de la CGT ponen el foco en una cuestión que excede la discusión sobre los costos de transporte: qué modelo de Marina Mercante necesita la Argentina y qué lugar tendrán sus trabajadores en ese esquema. La recuperación de la flota nacional, el desarrollo de la industria naval, la defensa del empleo y la mejora de la logística son objetivos que deberán evaluarse de manera conjunta. El desafío consiste en encontrar soluciones a las necesidades de las economías regionales sin debilitar las capacidades propias del país ni trasladar las consecuencias de los problemas estructurales al personal embarcado. La definición que adopte el Congreso será determinante para el futuro del cabotaje argentino. Mientras tanto, el SOMU mantiene su advertencia sobre los riesgos de la desregulación y la CGT reclama que los senadores no avalen una apertura irrestricta que pueda comprometer el empleo y la soberanía comercial.