La ofensiva del gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Tierras volvió a encender una de las discusiones más sensibles para el futuro del país: quién controla el territorio argentino y hasta dónde puede avanzar el capital extranjero sobre recursos estratégicos y zonas de frontera.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que la normativa vigente no vulnera derechos de los extranjeros y, por el contrario, constituye una herramienta esencial para resguardar la soberanía territorial, la integridad del Estado y el control nacional sobre áreas sensibles del país.

"No tiene que existir ninguna ley para proteger la inviolabilidad de la propiedad, porque eso ya lo garantiza la Constitución y los tratados de derechos humanos", afirmó el especialista. Sin embargo, remarcó que la Ley de Tierras cumple otra función: evitar la extranjerización del territorio y preservar uno de los elementos constitutivos del Estado nacional.

Para Gil Domínguez, el proyecto impulsado por el oficialismo representa un retroceso institucional porque flexibiliza límites que fueron establecidos precisamente para impedir que grandes extensiones de tierra queden bajo control extranjero, especialmente en regiones fronterizas y estratégicas.

El constitucionalista recordó que la Constitución reconoce a los extranjeros el derecho a comprar y vender tierras en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, pero aclaró que esos derechos pueden ser restringidos de manera razonable cuando existe un objetivo constitucional legítimo, como la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

En ese sentido, alertó sobre posibles escenarios geopolíticos derivados de una apertura irrestricta del mercado de tierras. Citó los casos de Crimea, Groenlandia y Alaska para explicar cómo la concentración de propiedades en manos extranjeras puede transformarse, con el tiempo, en un factor de presión sobre las fronteras y la soberanía de un país.

"Si habilitás la compra indiscriminada de tierras por parte de extranjeros, podés tener conflictos sobre la titularidad nacional del territorio", sostuvo, al tiempo que señaló que un ciudadano argentino no puede promover la anexión de su tierra a otro Estado, mientras que un propietario extranjero podría convertirse en un factor de disputa territorial.

Gil Domínguez también cuestionó el funcionamiento actual del sistema institucional argentino, al considerar que la Corte Suprema mantiene una interpretación restrictiva sobre quién puede impugnar una ley por razones constitucionales. Según explicó, esto dificulta que la ciudadanía pueda acudir a la Justicia para cuestionar normas que afecten intereses colectivos, como la soberanía territorial.

Finalmente, advirtió que una Constitución solo conserva fuerza real cuando la sociedad la defiende activamente. "Si la ciudadanía deja de proteger sus garantías constitucionales y soberanas, la Constitución termina convirtiéndose en una mera hoja de papel", concluyó.

Mientras el Congreso se prepara para discutir la reforma, el debate excede lo jurídico y se instala en el corazón de una pregunta política fundamental: si el territorio argentino seguirá siendo un bien estratégico de la Nación o quedará cada vez más expuesto a los intereses del mercado global.