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GREMIALES

4 de agosto de 2026

El Gobierno retrocede: acuerdan suspender el decreto 690/2026 y los prácticos levantan el conflicto que paralizó los puertos

En un giro que deja expuesta la estrategia del Gobierno nacional, el conflicto que mantuvo paralizada buena parte de la actividad portuaria comenzó a destrabarse este martes luego de una reunión clave realizada en el Ministerio de Seguridad Nacional. Tras horas de negociación, el Ejecutivo aceptó elevar a la Presidencia de la Nación la suspensión de los efectos del Decreto 690/26, la norma que desató el rechazo de los prácticos y pilotos de cabotaje y puso en jaque al sistema de navegación argentino.

El entendimiento fue alcanzado durante una reunión en la qie se resolvió impulsar una mesa intersectorial para revisar el marco regulatorio y reducir en un 20% las tarifas del servicio de practicaje y pilotaje,en ese contexto el  encuentro se desarrolló entre las 15.30 y las 17.00 en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, ubicada en Av. Gelly y Obes 2289, y contó con la participación de la ministra Alejandra Monteoliva, el secretario de Seguridad Nacional Martín Ferlauto, el jefe de Gabinete de Asesores Fernando Kusnier, el director general de Asuntos Prioritarios Daniel Barberis y representantes de empresas, entidades y profesionales del sector de practicaje y pilotaje, entre ellos Miguel Ángel Doñate, John Eric Ryan y Mónica Navarro.

Los representantes del sector dejaron en claro que el decreto impulsado por el Gobierno había provocado una situación excepcional que comprometía el normal funcionamiento del servicio de practicaje y pilotaje, y reclamaron de manera inmediata su suspensión. También exigieron la creación de una Mesa Intersectorial integrada por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes de las empresas y profesionales del sector. Como parte del entendimiento, los prácticos manifestaron su voluntad de reactivar de inmediato la prestación del servicio y ofrecieron una reducción del 10% en las tarifas vigentes. Sin embargo, el Gobierno respondió con una exigencia mayor: reclamó una baja del 30%. Tras el intercambio de propuestas, ambas partes acordaron elevar a consideración del Poder Ejecutivo un esquema de compromiso que fija una reducción tarifaria del 20%.   El acta firmada por los participantes establece cuatro puntos centrales: suspender los efectos del Decreto 690/26, reactivar inmediatamente el servicio de practicaje y pilotaje, conformar una Mesa Intersectorial para redactar un nuevo reglamento para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina y aplicar una reducción del 20% en las tarifas del sector. El aspecto más significativo del acuerdo es que, hasta que no exista consenso en la Mesa Intersectorial, continuará vigente la suspensión del decreto cuestionado. En otras palabras, el Gobierno quedó obligado a frenar la aplicación de una norma que había sido presentada como una de las principales herramientas de desregulación del sistema de navegación. Para los trabajadores y profesionales del sector, el resultado de la negociación representa una primera victoria frente a una medida que consideraban inconsulta y perjudicial para la seguridad de la navegación y para el funcionamiento del sistema portuario nacional. La resolución definitiva dependerá ahora de la decisión que adopte la Presidencia de la Nación. Pero el mensaje político ya quedó instalado: el conflicto obligó al Gobierno a sentarse a negociar y a admitir que el Decreto 690/26 no podía sostenerse sin consenso con quienes garantizan diariamente la navegación en los puertos y ríos argentinos.

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