La desregulación del régimen de practicaje y pilotaje impulsada por el Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de conflicto en el sistema portuario argentino. Tras la publicación del Decreto 690/2026, promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, los prácticos y pilotos de cabotaje iniciaron un plan de lucha y advirtieron que la medida representa “un ataque directo a la seguridad de la navegación y a la Marina Mercante nacional”. En diálogo exclusivo con Mundo Sindical, Eduardo Gómez, práctico de cabotaje con décadas de experiencia en ríos, canales y puertos argentinos, explicó por qué el sector rechaza el decreto y sostuvo que detrás del discurso de la “modernización” se esconde una reforma que puede tener consecuencias graves para el comercio exterior y la navegación en aguas jurisdiccionales. “No están desregulando un trámite; están desregulando la seguridad” —¿Cuál es el principal problema que ustedes ven en el decreto? —El Gobierno presenta esto como una modernización, pero en realidad está desregulando un sistema que existe para evitar accidentes. El práctico no es un burócrata: es un profesional especializado que conoce cada canal, cada banco de arena, cada corriente y cada particularidad de nuestras vías navegables. Cuando se flexibiliza la obligatoriedad del practicaje y se facilita que determinados buques naveguen sin ese asesoramiento, se está aumentando el riesgo operativo. “El conocimiento local no se reemplaza con un GPS” —El Gobierno sostiene que busca reducir costos logísticos. —Ese es el argumento de siempre. Dicen que el practicaje encarece la operación, pero nunca ponen sobre la mesa cuánto cuesta un encallamiento, una colisión o un derrame en un canal estratégico. El conocimiento local no se reemplaza con un GPS ni con un software. Un capitán extranjero puede ser excelente, pero no necesariamente conoce las condiciones cambiantes del Paraná, del Río de la Plata o de los accesos a nuestros puertos. “Esto favorece a grandes operadores y deja de lado al trabajo argentino” —¿El decreto también impacta sobre el empleo? —Por supuesto. Detrás de esta reforma hay una presión para flexibilizar toda la actividad marítima y fluvial. Se abre la puerta para que operadores extranjeros tengan mayores facilidades y para que se reduzca la participación de profesionales argentinos altamente capacitados. Nosotros nos formamos durante años, rendimos exámenes exigentes y asumimos responsabilidades enormes. Si se precariza el sistema, también se precariza el trabajo. “Nos enteramos por el Boletín Oficial” —¿Fueron consultados durante la elaboración de la norma? —No. Ese es otro de los grandes problemas. Una reforma de esta magnitud debería discutirse con los prácticos, los pilotos, los sindicatos marítimos, los armadores, la Prefectura y todos los actores del sistema. En cambio, nos enteramos por el Boletín Oficial. Es una forma de gobernar que desconoce la experiencia técnica de quienes trabajamos todos los días en el agua. “La navegación argentina no puede manejarse desde un escritorio” —¿Qué le diría al ministro Federico Sturzenegger? —Le diría que antes de firmar un decreto navegue una semana con un práctico de cabotaje. Que vea cómo cambian las condiciones de un río, cómo se maniobra un buque de gran porte en un canal angosto, cómo se entra a un puerto con viento, corriente y tráfico simultáneo. La navegación argentina no puede manejarse desde un escritorio ni desde una planilla de Excel. “Si ocurre un accidente, ya será tarde” —¿Qué puede pasar si esta desregulación avanza? —Ojalá no pase nada. Nadie quiere un accidente. Pero las normas de seguridad existen precisamente para evitar que ocurran. Cuando uno elimina controles y flexibiliza requisitos, los problemas aparecen después. Y cuando aparecen en el ámbito marítimo, suelen ser muy costosos en términos económicos, ambientales y humanos. “No es un privilegio, es una responsabilidad” Al finalizar la entrevista, Eduardo Gómez dejó una definición que resume el clima que atraviesa el sector: “Nos quieren hacer aparecer como un grupo que defiende privilegios. No defendemos privilegios; defendemos una actividad estratégica para el país. El practicaje no es un negocio cualquiera: es un servicio de seguridad pública vinculado al comercio exterior, a los puertos y a la soberanía sobre nuestras vías navegables. Si el Gobierno decide desmantelar ese sistema, después no diga que nadie advirtió las consecuencias”. La tensión entre los prácticos y el Gobierno nacional promete escalar en los próximos días. Mientras el Ejecutivo defiende la desregulación como parte de su plan para reducir costos y aumentar la competencia, los trabajadores del sector insisten en que el decreto pone en riesgo un engranaje clave del sistema portuario argentino y anticipan que continuarán las medidas gremiales y las acciones judiciales para intentar frenar su aplicación.