En ese contexto los trabajadores de prensa de Radio Nacional denunciaron una nueva avanzada del Gobierno nacional contra la libertad de expresión y el funcionamiento de los medios públicos, en medio de un escenario de ajuste, censura y salarios de miseria. A través de un duro pronunciamiento, señalaron que la gestión libertaria profundizó el control político sobre los contenidos periodísticos y culturales que se emiten en las radios estatales de todo el país, imponiendo restricciones que calificaron como “delirantes” y propias de un esquema de disciplinamiento ideológico. Asimismo las denuncias más graves, remarcaron que se prohibieron entrevistas vinculadas a campañas provinciales de vacunación pediátrica y que incluso existen vetos para difundir canciones de artistas populares como . Según explicaron, la eliminación de las direcciones de las emisoras provinciales dejó a las radios sujetas al control centralizado de una “coordinadora periodística” que decide qué voces pueden salir al aire y cuáles deben ser silenciadas. Los trabajadores apuntaron contra la conducción de Radio Nacional y denunciaron un esquema de autorización previa para entrevistar funcionarios públicos, algo que consideraron un ataque directo al federalismo y a la pluralidad informativa. Además, acusaron a las autoridades de impulsar un vaciamiento informativo y cultural que borra las identidades regionales y transforma a los medios públicos en simples repetidoras de contenidos alineados con el poder central. El conflicto también expone una situación salarial crítica. Los trabajadores aseguraron que los sueldos permanecen congelados desde 2024 y que actualmente el salario básico ronda los 474 mil pesos, una cifra que quedó por debajo de la línea de indigencia. “Sin salarios dignos no hay trabajadores. Sin trabajadores no hay medios públicos. Sin medios públicos no hay democracia”, remarcaron desde el sector, que advierte sobre un escenario de destrucción sistemática del sistema público de comunicación. La denuncia se suma a una creciente ola de conflictos en organismos estatales, universidades, hospitales y medios públicos, donde los gremios vienen alertando sobre despidos, ajuste presupuestario y persecución ideológica impulsada por el Gobierno nacional.