En ese sentido la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Federal para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Laboral Nº 27.802, cuestionando especialmente la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo impulsado por el Gobierno nacional que reemplaza el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. Desde el sindicato alertaron que la normativa representa un “ataque directo” al sistema previsional argentino, ya que habilita a las empresas a descontar de sus contribuciones patronales el mismo monto que destinan al nuevo fondo de cese laboral. “Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, advirtió el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien aseguró que el FAL “terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado”. El dirigente estatal sostuvo que la reforma implica “un desfinanciamiento sin precedentes” de la ANSES y apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei. “Estamos frente a un saqueo multimillonario que aleja cada vez más a los jubilados de recuperar el poder adquisitivo perdido”, afirmó. Según detalló el gremio, el nuevo esquema permite que las empresas dejen de afrontar el pago directo de indemnizaciones y que esos recursos salgan de aportes vinculados al sistema jubilatorio estatal. De acuerdo a las estimaciones de ATE, el impacto económico superaría los 3.000 millones de dólares anuales. Además, señalaron que si el aporte al FAL alcanza el tope previsto del 3%, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) perdería hasta un 16,5% de sus ingresos, en un contexto donde las cuentas previsionales ya atraviesan fuertes dificultades para sostener las prestaciones actuales. “La Justicia debe intervenir y defender a quienes más sufrieron el programa económico de Milei, que son los jubilados”, lanzó Aguiar. La presentación judicial apunta contra el artículo 76 de la Reforma Laboral y el artículo 24 del Decreto 408/2026. El sindicato solicitó además una medida cautelar para suspender la aplicación de las normas hasta que exista una resolución definitiva. Por su parte, la presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE, Noelia Guzmán, sostuvo que el FAL “afecta principios esenciales del sistema previsional”, entre ellos la movilidad jubilatoria, la solidaridad y la sustentabilidad financiera del régimen. “Si no frenamos esto ahora, mañana no va a haber plata ni para las jubilaciones actuales ni para las futuras. Es un ataque directo a la Seguridad Social”, remarcó. Desde ATE argumentaron que la legislación viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales de derechos humanos vinculados a la protección de trabajadores y adultos mayores.