En ese marco la tensión entre las provincias, los municipios y el gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de confrontación abierta. Más de 150 intendentes de todo el país llegaron hasta el Ministerio de Economía para exigir la devolución de fondos que consideran retenidos por la administración de Javier Milei, pero se encontraron con una respuesta que en política tiene un significado claro: no hubo reunión, no hubo diálogo y no hubo respuestas. El reclamo fue directo hacia el titular de la cartera económica, Luis Caputo, a quien responsabilizan por una política de ajuste que está dejando a los municipios al borde del colapso financiero. FONDOS QUE NO VUELVEN Y OBRAS PARALIZADAS Los intendentes denunciaron que el Gobierno nacional está reteniendo recursos millonarios que deberían ser redistribuidos, como los provenientes del impuesto a los combustibles, mientras las obras públicas están completamente frenadas. En concreto, señalaron: Falta de transferencias que corresponden a las provincias y municipios Obras de infraestructura abandonadas pese a estar financiadas Rutas y servicios deteriorándose sin inversión Municipios obligados a hacerse cargo de la crisis social sin recursos La situación, aseguran, es insostenible: menos fondos y más demanda social en medio de una crisis económica que golpea con fuerza a los trabajadores. EL PORTAZO COMO RESPUESTA POLÍTICA Aunque el petitorio fue entregado formalmente, la ausencia de Caputo fue leída como un gesto deliberado de desprecio hacia los gobiernos locales. En términos políticos, el mensaje que bajó desde la Casa Rosada es claro: no hay plata y no hay negociación Mientras el gobierno nacional profundiza su programa de ajuste, los intendentes advierten que se está produciendo un traslado brutal de la crisis hacia abajo, donde terminan absorbiendo el impacto los municipios y, en consecuencia, los trabajadores. AJUSTE ARRIBA, CRISIS ABAJO El conflicto refleja una disputa estructural: el modelo económico del gobierno de Milei apunta a recortar el gasto público al máximo, pero ese recorte se traduce en menos recursos para las provincias y municipios. Y eso tiene consecuencias concretas: Menos servicios públicos Menos obra Más pobreza y desigualdad Mayor presión sobre los gobiernos locales Desde el ámbito municipal advierten que el Gobierno nacional se queda con los recursos, pero se desentiende de las responsabilidades, dejando a los intendentes en la primera línea de una crisis que no generaron. CRECE LA CONFRONTACIÓN Lejos de apaciguarse, el conflicto promete escalar. Los intendentes ya hablan de nuevas medidas, presentaciones judiciales y mayor presión política para frenar lo que consideran un “ahogo financiero deliberado”. En un contexto social cada vez más complejo, la decisión del Gobierno de no abrir siquiera una instancia de diálogo marca un punto de inflexión: la pelea por los recursos ya no es técnica, es política… y está en plena ebullición.