En una resolución de alto impacto para la vida interna del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió prolongar de manera excepcional los mandatos de su conducción nacional, evitando así un vacío de poder que hubiera paralizado al gremio. La decisión judicial, adoptada en el marco de una causa vinculada al proceso electoral del sindicato, dispuso extender por un plazo de 45 días las funciones del Secretariado Nacional y del Consejo Directivo.

Con esta medida, los magistrados aseguraron la continuidad operativa de la organización mientras se dirimen las controversias de fondo sobre las elecciones cuestionadas. El conflicto tiene su origen en la suspensión de los comicios previstos para diciembre, en medio de denuncias por presuntas anomalías. Tras el vencimiento de los mandatos en febrero, sectores opositores intentaron forzar la declaración de acefalía institucional.

Sin embargo, el tribunal rechazó de plano esa posibilidad, al considerar que no corresponde trasladar al sindicato las consecuencias de decisiones externas a su funcionamiento. En su argumentación, los jueces remarcaron que dejar acéfala a la organización implicaría una afectación directa a su normal desenvolvimiento y a los derechos de sus afiliados, respaldando así la continuidad de las autoridades vigentes como la opción más razonable y ajustada a derecho. Otro eje central del fallo fue la defensa del principio de autonomía sindical.

En ese sentido, la Cámara recordó que tanto la normativa internacional como la Constitución Nacional protegen el funcionamiento independiente de las organizaciones gremiales, limitando cualquier injerencia que obstaculice su actividad. La resolución también implica un respaldo clave para la actual conducción del SOMU, que podrá seguir al frente de las negociaciones salariales y la representación de los trabajadores en un contexto complejo para la actividad marítima. Al mismo tiempo, desestima las estrategias de sectores opositores que pretendían desconocer anticipadamente el proceso electoral mediante medidas judiciales. De este modo, la Justicia laboral no solo evitó una crisis institucional dentro del gremio, sino que además sentó una posición clara en defensa de la estabilidad y la legalidad en la vida sindical.