Mar del Plata – El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a través de su delegación local, avanzó con una denuncia penal ante el fuero federal y una presentación administrativa ante la Prefectura Naval Argentina por presuntas irregularidades cometidas en operaciones de pesca realizadas por dos embarcaciones de un mismo conglomerado empresarial. Según informó la organización gremial, los hechos denunciados habrían tenido lugar en los buques “NDDANDDU” y “Marlene del Carmen”, donde se detectaron prácticas que configurarían una grave afectación al ecosistema marino y una vulneración directa de los derechos laborales de las tripulaciones. De acuerdo al relato sindical, los marineros habrían recibido instrucciones para arrojar al mar grandes volúmenes de pescado ya capturado, con el único fin de liberar espacio en bodega y priorizar especies de mayor valor comercial. Estas órdenes, aseguran, se impartieron bajo amenazas de sanciones laborales, despidos y desembarcos forzados. La situación se tornó crítica cuando parte de la tripulación se negó a continuar con las maniobras, al considerar que violaban la legislación pesquera y los exponían a responsabilidades que no les correspondían. En ese marco, también se denunció el uso de artes de pesca destinadas a especies no habilitadas por los permisos vigentes. El secretario general de la seccional Mar del Plata, Oscar Bravo, sostuvo que este tipo de conductas “golpean de lleno al recurso pesquero y comprometen la sustentabilidad de la actividad”, al tiempo que alertó sobre el impacto social y productivo que generan estas prácticas en toda la comunidad marítima. Desde el SOMU remarcaron además que los trabajadores fueron sometidos a exigencias físicas indebidas y colocados en una situación de extrema vulnerabilidad, al quedar obligados a cumplir órdenes presuntamente ilegales impartidas desde la conducción empresarial. En relación al buque “Marlene del Carmen”, el gremio recordó antecedentes recientes de conflictos laborales vinculados al incumplimiento de condiciones establecidas en el convenio colectivo. Finalmente, la organización sindical reclamó una investigación profunda, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones ejemplares, ratificando que utilizará todas las herramientas gremiales, administrativas y judiciales para frenar cualquier intento de saqueo del recurso y atropello a los trabajadores.