En un duro pronunciamiento contra el Gobierno nacional, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó con extrema preocupación el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25, que reforma el sistema de inteligencia. Para el dirigente sindical, la iniciativa “no es compatible con el sistema democrático” y representa “un nuevo ataque a los derechos humanos”. En diálogo con Mundo Sindical, Aguiar advirtió que el decreto “recorta garantías constitucionales básicas” y reactualiza prácticas propias de los regímenes autoritarios. —¿Cómo evalúa ATE la reforma del sistema de inteligencia impulsada por el Gobierno? —La reforma de la SIDE nos retrotrae directamente a la última dictadura militar. El decreto 941/25 restringe garantías y limita derechos constitucionales fundamentales. Estamos frente a un nuevo ataque a los derechos humanos y a la democracia. No se puede naturalizar que el Estado avance sobre las libertades individuales de esta manera. —¿Por qué considera que este DNU no es compatible con un sistema democrático? —Porque consolida la idea de un Estado represivo. No podemos tolerar que se cree una policía secreta habilitada a espiar, perseguir y hasta detener personas sin orden judicial. Eso no existe en una democracia. Eso es propio de los regímenes autoritarios y represivos que nuestro país ya padeció y que dejaron consecuencias devastadoras. —El Gobierno sostiene que se trata de una modernización del sistema de inteligencia. ¿Qué responde ante ese argumento? —Ese es el relato. Bajo el supuesto de “modernizar y ordenar” el Sistema de Inteligencia Nacional, el Gobierno esconde su verdadera finalidad: espiar, perseguir y criminalizar a cualquier persona que piense distinto. No hay modernización cuando se vulneran derechos; hay retroceso institucional. —¿Qué rol debe cumplir el Congreso frente a este decreto? —Desde ATE exigimos que el Congreso rechace de manera inmediata esta medida que lesiona gravemente la democracia. El Poder Legislativo no puede mirar para otro lado mientras se avanza sobre libertades básicas. Además, exigimos que se restablezcan plenamente todos los derechos vulnerados. —¿Evalúan acciones judiciales contra el DNU? —Sí, no descartamos avanzar con una presentación judicial. La gravedad institucional de este decreto lo amerita. Convertir a la SIDE en una fuerza parapolicial es inaceptable y peligroso. Lo repudiamos con absoluta claridad. —¿Qué mensaje le deja a la sociedad este escenario? —Que estamos ante un punto límite. Cuando el Estado se arroga facultades para espiar sin control judicial, perseguir opositores o disciplinar socialmente, la democracia entra en riesgo. Defender los derechos humanos no es una consigna del pasado, es una urgencia del presente. La advertencia de ATE se suma a un creciente rechazo sindical, político y social contra el DNU 941/25, en un contexto donde la discusión ya no es técnica ni administrativa, sino profundamente democrática.