En ese contexto este decreto, que la Confederación General del Trabajo (CGT) ha calificado de inconstitucional, busca restringir el acceso de los trabajadores a medidas de acción directa, generando alarma y rechazo en el movimiento obrero. La CGT ha manifestado su firme oposición a esta normativa, argumentando que debilita las herramientas de defensa de los trabajadores frente a condiciones laborales adversas. Según dirigentes sindicales, este DNU es una continuación de un patrón de ataque sistemático por parte del gobierno hacia los derechos laborales, similar al DNU 70/2023, que había sido rechazado judicialmente. Héctor Daer, uno de los principales referentes de la CGT, ha anunciado que la central obrera interpondrá un amparo ante la Justicia en los próximos días, con la esperanza de frenar la aplicación del decreto. Daer ha subrayado que esta norma, al igual que su predecesora, tiene implicaciones inconstitucionales al intentar limitar el derecho fundamental a la huelga. La CGT sostiene que este tipo de medidas atentan contra la esencia misma de la defensa de los derechos de los trabajadores. Las repercusiones de este DNU han sido inmediatas, con críticas que apuntan a la intención del gobierno de militarizar las relaciones laborales y minimizar la capacidad de respuesta de los sindicatos. Muchos trabajadores han expresado su preocupación por la posible erosión de sus derechos, temiendo que se convierta en un precedente peligroso que limite futuras movilizaciones y reivindicaciones. En un contexto donde la precariedad laboral ya es un tema crítico, la CGT enfatiza que, lejos de crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar las condiciones laborales, el gobierno continúa aplicando políticas que socavan la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Daer afirma que el debate debe centrarse no en restringir derechos, sino en discutir la repartición del trabajo y obtener mejoras sustanciales en las condiciones de empleo. A medida que el movimiento obrero se prepara para una nueva batalla legal, la tensión entre la CGT y el gobierno se intensifica, dejando en claro que la defensa de los derechos laborales se mantendrá como una prioridad fundamental. La respuesta judicial a este DNU será crucial, no solo para el futuro de la legislación laboral en Argentina, sino también para la salud democrática del país.