En un giro significativo para el sector marítimo argentino, el Gobierno nacional se prepara para publicar un decreto que desregulará el transporte marítimo, permitiendo la incorporación de buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional. Según informes de Mundo Sindical, esta medida pondrá fin a la exclusividad de la Marina Mercante Argentina, lo que ha suscitado preocupaciones entre los sindicatos del rubro. La nueva normativa establece que la contratación de personal y empresas nacionales ya no será obligatoria, abriendo las puertas a operadores internacionales. Este cambio es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor. Fuentes oficiales señalaron que el objetivo es "reducir trabas y estimular la actividad". El decreto, que ya se encuentra listo, permitirá que tanto buques con bandera argentina como extranjera operen en el cabotaje nacional, y habilitará a barcos con registro extranjero a realizar estas operaciones por un periodo de hasta 180 días renovables. Uno de los aspectos más controvertidos de la medida es la eliminación del requisito de contratar tripulantes argentinos, lo que permitirá a las empresas emplear personal de cualquier nacionalidad, siempre que cuenten con la habilitación correspondiente. En caso de no disponer de tripulantes argentinos, las empresas podrán contratar trabajadores extranjeros sin restricciones. Además, el decreto permite a los armadores solicitar el cese provisorio de bandera ante la Prefectura Naval Argentina, facilitando el registro de buques nacionales en otros países sin que esto se considere una exportación. Sin embargo, se excluyen de este régimen a los barcos dedicados a la actividad pesquera. La desregulación tendrá una vigencia de hasta diez años, con posibilidad de reingreso automático sin costos adicionales. Las condiciones laborales de la tripulación se regirán por las leyes del país de abanderamiento del barco, y se concederá trato de bandera nacional a buques extranjeros arrendados sin tripulación, siempre que tengan una antigüedad menor a 20 años. Una modificación adicional es la declaración de la navegación marítima como un servicio esencial, lo que implica que, en caso de huelga o conflicto laboral, se deberá garantizar un mínimo de operatividad. Por último, aunque los sindicatos podrán sugerir candidatos a los empleadores a través de bolsas de trabajo, la decisión final sobre la contratación quedará en manos de las empresas, que contarán con total libertad para elegir su personal. Este decreto, en consecuencia, elimina cualquier normativa que limite la contratación libre por parte de los empleadores, lo que genera un clima de incertidumbre en el sector.