En ese sentido el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Javier Milei, sostiene que la privatización es necesaria para poner fin a la problemática de los “paros salvajes” que han dejado a miles de pasajeros varados y han generado múltiples inconvenientes en la reprogramación de vuelos. La intención del gobierno es poner un orden a los sindicatos, buscando moderar sus acciones de protesta y limitar sus demandas de mejoras salariales. Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte resistencia por parte de los gremios de la aeronáutica comercial, quienes cuentan con el respaldo de Unión por la Patria, la izquierda y diversos diputados de bloques minoritarios. A pesar de esto, el oficialismo podría contar con los votos necesarios para avanzar con el proyecto, dado el apoyo de La Libertad Avanza y de sus socios en el PRO, el MID, la UCR, la Coalición Cívica, así como de una parte significativa de Encuentro Federal e Innovación Federal. El plan del Gobierno no solo busca un primer objetivo inmediato, sino que también apunta a vender los activos de Aerolíneas Argentinas a operadores privados, un proceso que podría llevar varios meses de adecuación administrativa. Para ello, el oficialismo prefiere avanzar con el proyecto presentado por el presidente Milei o con la iniciativa del diputado Hernán Lombardi, que propone un proceso de privatización sin demasiadas exigencias de control. Como alternativa, el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica) propone un enfoque más regulado, exigiendo el respeto a las disposiciones de la ley de Bases, que incluye la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso y la Auditoría General de la Nación (AGN). Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, defendió el enfoque del Gobierno en la primera reunión informativa del 25 de septiembre pasado. “Queremos que operen más empresas y así bajar los costos de los pasajes a través de la competitividad”, afirmó. Mogetta argumentó que la desregulación del sector aéreo ha comenzado a dar frutos, ofreciendo más alternativas para los argentinos en términos de conectividad aérea. El debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas no solo representa una decisión económica clave para el país, sino que también pone de relieve las tensiones entre el Gobierno y los sindicatos, así como la necesidad de encontrar un equilibrio entre la eficiencia del servicio y la protección de los derechos laborales. La discusión de este martes marcará un nuevo capítulo en una historia que afecta a millones de argentinos y al futuro del transporte aéreo en el país.