En ese contexto el vocero Manuel Adorni había adelantado en marzo la posibilidad de nuevos recortes cada tres meses, y ahora se confirma que la ola masiva de despidos apuntará a unos 57 mil contratos regidos bajo el artículo 9 y de asistencia técnica, los cuales fueron prorrogados en marzo por un período adicional de tres meses. La incertidumbre y la preocupación se apoderan de los empleados públicos que podrían ver afectada su fuente de trabajo en los próximos meses. Desde ATE han expresado su rechazo a esta situación, señalando que se han confeccionado listados con las características del personal, evaluando aspectos como la proximidad a la jubilación para ofrecer retiros voluntarios o el cumplimiento de la presencialidad, generando un clima de incertidumbre y estrés entre los trabajadores. Nicolás Posse, en su informe de gestión ante el Senado, informó que hasta el 31 de marzo de 2024 se registraron unas 14 mil bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada, lo que evidencia el impacto de las políticas de ajuste en el empleo público. Además, la gestión libertaria ha diseñado un plan de reducción de la planta de trabajadores públicos que incluye la identificación de aquellos empleados en condiciones de jubilarse. Se han solicitado informes sobre quiénes podrían acogerse a la jubilación, y se están analizando los distintos reglamentos que regulan las licencias, ausentismos y presentismos en busca de reducir aún más el personal en el ámbito estatal. La noticia de esta nueva ola de despidos en el sector público ha generado preocupación y malestar entre los trabajadores, que ven amenazada su estabilidad laboral y sus fuentes de ingreso. La incertidumbre sobre el futuro y la presión por cumplir con las exigencias del Gobierno se han convertido en una realidad angustiante para miles de empleados públicos en un contexto de ajuste y recortes que impacta directamente en sus vidas y la de sus familias.