Gerardo Martínez “La justicia social debe ser, el faro que guíe las políticas de la Organización Internacional del Trabajo.
Durante la Confederación Sindical de las Américas el Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y miembro del Consejo de Administración de la OIT, Gerardo Martínez,“La justicia social debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda global. En un mundo donde las desigualdades socavan la dignidad humana y amenazan la estabilidad, es imperativo que abordemos estas disparidades con determinación y compromiso".
En ese contexto el secretario de relaciones internacionales Enfatizó,
"Es fundamental centrarse en la focalización y la priorización de estrategias concretas que nos permitan implementar polÃticas activas de manera efectiva. Debemos enfocarnos en encontrar soluciones tangibles para detener el crecimiento de la desigualdad y evitar el retroceso en la cobertura de los programas de seguridad social. Es crucial actuar de manera decidida y eficiente para asegurar un impacto real y positivo en la sociedad."
En esa lÃnea agregó
"una polÃtica de justicia fiscal global capaz de financiar pisos de protección social y acciones de mitigación de los impactos del cambio climático".
Asimismo MartÃnez “es fundamental distinguir entre los objetivos principales y los complementariosâ€. No se trata de restar importancia a ninguno, sino de establecer prioridades claras para evitar la dilución de nuestros esfuerzos. La justicia social no puede ser una mera añadidura a nuestras polÃticas laborales; debe ser el núcleo mismo de nuestro enfoque, el principio sobre el cual construimos un futuro más equitativo y sostenible.
Luego MartÃnez entendemos que se debe resignificar el mandato ideológico de la OIT ampliando la dimensión social. En este momento histórico debemos reafirmar con vehemencia que el trabajo no es una mercancÃa y que su protección constituye un derecho humano fundamental, pero también debemos poner en primer plano otro de los aspectos del mandato de la OIT el cual consagra que “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todosâ€, definición polÃtica que se conecta directamente con el concepto básico del constitucionalismo social el cual sentencia que «la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y duradera". Resulta sorprendente la actualidad de estas definiciones ya centenarias, cuando hace apenas unas semanas el Secretario General de Naciones Unidas expresó que “nuestro mundo ha entrado en una fase de caosâ€
A su turno el Director General de la OIT esgrimio hay constituir una “Coalición Mundial para la Justicia Social†que será lanzada en Ginebra en el próximo mes de junio; el presidente argentino declara que la Justicia Social
es "aberrante" y según sus palabras: "justicia social es robarle a alguien para darle a otro, un trato desigual frente a la ley, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales al punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores".
Sabemos que este pensamiento no corresponde solamente al extravagante presidente del fin del mundo, sus palabras podrÃan ser suscriptas por Trump, Bolsonaro, Elon Musk y muchos polÃticos emergentes y empresarios inescrupulosos que recorren el camino de la extrema derecha.
El Secretario General de la CSA, Rafael Freire, se expresó contundentemente sobre las consecuencias del escenario actual y la necesidad de generar rápidamente una polÃtica alternativa y contrahegemónica, señalando que “estamos en un dilema civilizatorio: ¿vamos a retroceder como civilización o vamos a superar el modelo económico, están en juego los derechos conquistados a lo largo de décadasâ€.Es urgente un despertar del movimiento social y la construcción de una alianza fuerte entre el sindicalismo sociopolÃtico, el feminismo, los defensores del medio ambiente, y los frentes polÃticos.
Notas Relacionadas
La Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas Peronistas avanzó este viernes con la normalización de la seccional Morón-Ituzaingó-Hurlingham, en un acto que reunió a más de 30 gremios del oeste del conurbano bonaerense y a destacados referentes sindicales de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de un escenario de creciente tensión política, ajuste presupuestario y movilización del sector educativo.
Luego de la multitudinaria segunda Marcha Federal Universitaria que movilizó a miles de estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales hacia Plaza de Mayo, el Gobierno nacional respondió con fuertes críticas al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario aprobado por el Congreso y profundizó su confrontación con el sistema universitario público.