En ese marco,el conflicto se desencadenó tras la decisión de Suárez de ordenar el regreso del barco a puerto por haber capturado 142 toneladas de merluza negra de manera ilegal. Las amenazas y presiones por parte de la Cancillería, a cargo de Diana Mondino, se intensificaron, especialmente a través de Pablo Ferrara, quien es sobrino de la funcionaria y le habría exigido a Suárez que revocara la orden. El ex funcionario también reveló que se le solicitó la elaboración de una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y la preparación de una desregulación que eliminaría resoluciones y disposiciones de la gestión anterior. Además, se espera que haya novedades respecto a la renovación de 100 contratos en Cancillería el 31 de marzo, así como la posible desafectación de 500 empleados de planta permanente en el marco de la reforma del estado impulsada por Luis Caputo, que busca una reducción del 30% de la planta estatal. Tras su renuncia, Suárez expresó en redes sociales: "Se cierra una etapa muy intensa en los últimos cuatro años para mí. Lamento la situación porque mis compañeros están muy mal, en estos tres meses logramos algunos avances en cuanto al personal, pero hay gente que, al igual que los trabajadores del INIDEP, solo han cobrado enero". La salida de Suárez deja al descubierto un escándalo en el ámbito de la pesca y la presunta influencia política en decisiones que afectan la legalidad y los derechos laborales en el sector.