En ese marco el consejo directivo, donde se encuentra el triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, abrio el debate. Los triunviros dieron cuenta de las razones que llevaron a implementar el plan de lucha Con el objetivo de dialogar y discutir los alcances del paro nacional convocado para el miércoles 24 de enero en reclamo contra el “megadecreto” y el proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó un plenario del que participaron todas las regionales del país. Cabe destacar que el plenario conto con la presencia de más de 70 delegaciones regionales, el Consejo Directivo Nacional y los cerca de 250 dirigentes gremiales aprobaron las diferentes acciones que se ejecutarán durante la medida de fuerza del próximo 24, en la que se garantizó la adhesión de todo el interior del país para presionar a diputados y senadores que comenzaron con el tratamiento en las comisiones del proyecto que envió el ejecutivo. En ese sentido Las definiciones que resolvió la central obrera son “paro y movilización en todo el país”, lo que implicará que las regionales convoquen las manifestaciones en cada una de las ciudades del territorio nacional, a pesar de que el epicentro de la jornada tendrá lugar en el Congreso, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el plenario de regionales confirmó que se paralizarán las actividades y los servicios, por lo que no estará operativos los diferentes medios de transporte, lo que incluirá a las aerolíneas como así también, todos los puertos del país. “El 24 se espera una paralización total de la Argentina”, expresaron fuentes sindicales a Mundo sindical Según informaron tras la reunión que se llevó a cabo en la histórica sede de calle Azoparado, se resolvió apoyar de manera contundente y unánime a la estrategia y acción de la conducción de la CGT, y rechazar rotundamente el DNU dictado por el Poder Ejecutivo. También se rechazaron aquellos aspectos de la Ley Ómnibus que van contra la soberanía del país, los derechos laborales, el derecho de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales. Por otra parte, se repudió la criminalización de la protesta social como método represivo de un plan de ajuste económico del actual gobierno y cada regional expresó la delicada situación en la actual crisis que trae como consecuencias la pérdida brutal del poder adquisitivo y la pérdida de fuentes de trabajo actuales y a futuro. Por último, la Central Obrera confirmó que se llevarán adelante reuniones con los legisladores representantes de cada jurisdicción provincial a los fines que acompañen con el voto lo que se mantiene con el discurso comprometido en cada lugar desde donde provienen.