POLITICA
21 de noviembre de 2026
La interna libertaria golpea el proyecto de soberanía y expone las contradicciones del Gobierno de Milei
La iniciativa impulsada por Santiago Caputo quedó empantanada en Diputados después de que el oficialismo no consiguiera reunir el quórum necesario. Ahora, Patricia Bullrich prepara modificaciones y cuestiona artículos que podrían afectar a empresas argentinas con intereses vinculados al Reino Unido. Mientras el Gobierno intenta responsabilizar a la oposición, la disputa dentro de La Libertad Avanza suma un nuevo capítulo.
El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar atrapado en sus propias contradicciones. En el Día de la Soberanía Nacional, mientras el país recordaba la defensa de sus intereses frente a las potencias extranjeras, una de las iniciativas que lleva el sello político de Santiago Caputo atravesaba una de sus semanas más complicadas en el Congreso.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional no consiguió avanzar en la Cámara de Diputados. La sesión especial convocada para el miércoles pasado fracasó por falta de quórum: hubo 126 legisladores presentes, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
El traspié no fue un simple inconveniente parlamentario. La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría desde hace casi un mes y el oficialismo aseguraba que tenía los votos para aprobarla en general. Sin embargo, las diferencias sobre distintos artículos, las resistencias de los bloques aliados y las disputas internas terminaron dejando al descubierto la fragilidad de los acuerdos políticos del Gobierno.
La caída de la sesión abrió una nueva confrontación dentro del oficialismo. Santiago Caputo apuntó contra la política y cuestionó a los sectores que no facilitaron el tratamiento. En su entorno también hubo críticas dirigidas a Martín Menem y a los dirigentes riojanos cercanos a Karina Milei. Las redes sociales se convirtieron nuevamente en escenario de una disputa que el Gobierno intenta presentar como un problema de la oposición.
Pero las dificultades no terminan en Diputados. Patricia Bullrich, una de las principales figuras del oficialismo en el Senado, anticipó que pretende introducir modificaciones al texto cuando la iniciativa llegue a esa Cámara.
Las objeciones de su sector se concentran especialmente en los artículos que pueden generar consecuencias económicas para empresas argentinas. Una de las preocupaciones está vinculada con las sanciones previstas para actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
Desde el entorno de Bullrich sostienen que la redacción puede alcanzar a compañías nacionales que tienen accionistas, filiales o vínculos comerciales con el Reino Unido. La preocupación es que una legislación presentada como herramienta de defensa de la soberanía termine generando dificultades para empresas argentinas y exponiendo intereses económicos que el propio Estado debería proteger.
En el bloque vinculado a la senadora cuestionan duramente algunos aspectos del proyecto y consideran que necesita una revisión profunda. También rechazan que las diferencias deban interpretarse exclusivamente como una pelea entre Patricia Bullrich y Santiago Caputo.
Sin embargo, en la Casa Rosada la lectura es diferente. Allí observan los movimientos de la senadora como una nueva manifestación de la interna libertaria, en particular por la relación de fuerzas entre el sector de Karina Milei, los Menem y el asesor presidencial.
Un proyecto que ya debió retroceder
Las dificultades de la iniciativa no comenzaron con el fracaso de la sesión. El texto atravesó distintas modificaciones después de recibir cuestionamientos políticos, económicos e institucionales.Incluso Estados Unidos había expresado reparos a fines de octubre. Durante su visita a Buenos Aires, el vicesecretario de Estado Christopher Landau reconoció que Washington seguía el proyecto con interés y que prestaba atención a los intereses de sus empresas.
La reacción obligó al Gobierno a revisar el esquema de sanciones. El canciller Pablo Quirno sostuvo que la iniciativa no estaba dirigida contra ninguna compañía en particular, pero el oficialismo terminó limitando algunos de sus alcances.También hubo modificaciones en los artículos relacionados con la injerencia extranjera en los procesos electorales y las nuevas figuras penales.
En la última versión distribuida a los bloques aliados se eliminó al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo de Seguridad Nacional, aunque podría participar en determinadas circunstancias. Se trata de una modificación significativa, porque Santiago Caputo había defendido originalmente una integración diferente.El PRO, por su parte, cuestionó el capítulo referido a las sanciones contra la prensa y sostuvo que sus representantes habían trabajado para introducir garantías sobre la libertad de expresión, la actividad académica y el ejercicio periodístico.
Entre las modificaciones que ese espacio reivindica figuran la creación de una Comisión Bicameral de control parlamentario, mayores garantías para la protección de infraestructuras críticas y una definición más precisa del delito de injerencia extranjera.
La interna que complica al oficialismo
La relación entre Bullrich y el entorno de Caputo atraviesa un momento de tensión. Desde el sector de la senadora rechazan que sus objeciones respondan a una estrategia para perjudicar al asesor presidencial. Aseguran que su posición tiene que ver con la responsabilidad institucional y con evitar que se apruebe una norma que pueda afectar intereses económicos argentinos.La disputa, sin embargo, se cruza con otros desacuerdos dentro del oficialismo. Uno de ellos es la discusión por las PASO y las diferencias entre Bullrich y los Menem, a quienes desde el bullrichismo responsabilizan por intentar complicar sus posiciones políticas.
En ese escenario, la senadora habría acordado trabajar en coordinación con Diego Santilli, en una relación que también refleja los reacomodamientos internos de La Libertad Avanza.
Mientras tanto, cerca de Martín Menem rechazan las acusaciones y sostienen que la caída de la sesión tuvo otros motivos, entre ellos las diferencias con Provincias Unidas por la inclusión de un proyecto de biocombustibles en el temario y las disputas por la representación en el Consejo de la Magistratura.
La soberanía, entre los discursos y las decisiones
El episodio deja una pregunta política que excede las diferencias personales entre los dirigentes del oficialismo: ¿qué significa defender la soberanía nacional cuando una iniciativa destinada a ese objetivo genera objeciones por sus consecuencias económicas, sus alcances institucionales y su impacto sobre la libertad de expresión?La discusión llega, además, en un momento complicado para el Gobierno. El riesgo país superó los 1.000 puntos y el dólar oficial volvió a marcar un récord nominal, en una jornada en la que la administración libertaria intentó instalar referencias al Día de la Soberanía Nacional.
El oficialismo necesita reconstruir acuerdos para volver a convocar a Diputados. El Presupuesto 2027 aparece como otro compromiso legislativo central, mientras el proyecto de Defensa de la Soberanía acumula demoras y nuevas diferencias.Por ahora, la iniciativa que debía representar una de las banderas institucionales del Gobierno quedó atrapada entre las negociaciones parlamentarias, las presiones económicas y una interna que no deja de crecer.
La soberanía nacional no puede reducirse a una consigna ni convertirse en una herramienta de disputa entre funcionarios. Requiere decisiones coherentes, defensa de los recursos estratégicos y políticas que protejan los intereses argentinos. Y justamente allí es donde el Gobierno de Milei enfrenta sus mayores contradicciones.